La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) puso las cartas sobre la mesa en la Convención Nacional Petrolera 2022. Durante este evento, miembros de esta asociación explicaron los avances que la industria ha obtenido a partir de la operación de 110 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Compartieron, también, los retos y desafíos que observan hacia el futuro. 



Después de que los últimos años han resultado especialmente complejos para la industria, no solo por lo que implicó navegar la crisis global de salud sino por lo que ha significado la instrumentación de la política energética del actual gobierno, existía mucho interés por conocer el sentir de las empresas operadoras. Por eso resultó comprensible el énfasis que durante la Convención se le concedió a las cifras, el cual representó un revire elegante e institucional que contribuye a sopesar lo que con frecuencia se dicta desde las conferencias matutinas de Palacio Nacional.



En este sentido, la AMEXHI destacó que del total de contratos que se licitaron en el sexenio pasado, el 80% son de exploración (fase que constituye la base del desarrollo de un campo petrolero). Vale la pena recordar que es en esta etapa donde se seleccionan las zonas en las que se han encontrado evidencias de la existencia de hidrocarburos para, después, analizar la cuenca y determinar la cantidad de petróleo que contiene. Todo esto con el propósito de poder empezar a producir hidrocarburos.



No está de más mencionar, en esta misma lógica, que el tiempo que se lleva desde el análisis de la cuenca hasta la producción del primer barril de petróleo del campo puede variar de un año, si se cuenta con instalaciones cercanas, a 10 años, si hay retos tecnológicos asociados con la complejidad del campo en cuestión. Algunos ingenieros de la industria petrolera suelen decir, al respecto, que sacar petróleo es mucho más complejo que aterrizar un cohete en Marte.



La ejecución de los contratos exploratorios, según la AMEXHI, ha dado como resultado que las reservas 1P (probadas), 2P (probadas + probables) y 3P (probadas + probables + posibles) de petróleo crudo equivalente se hayan incrementado, de 2017 a 2021, 6 veces, 7 veces y 5 veces, respectivamente. Este aumento de las reservas contribuye a asegurar la sustentabilidad a largo plazo de la industria de los hidrocarburos en México.



Los resultados en exploración han sido particularmente positivos. Para ponerlo en perspectiva, si las empresas que operan los contratos exploratorios siguieran realizando sus actividades al mismo ritmo al cual están explotando los yacimientos desde 2017, las reservas del país podrían garantizar otros cuatro o cinco años más de extracción petrolera.



Por lo que toca a la producción de hidrocarburos, la AMEXHI reconoció un desfase entre las metas establecidas en 2017 y el volumen que se obtiene actualmente de los contratos de extracción. Las causas de este desfase están asociadas a los eventos ocurridos en los últimos años, principalmente a la destrucción de la demanda petrolera y a la caída de precios del petróleo que generó la pandemia.



Aun así, sobresale la tendencia al alza en la producción de hidrocarburos que aportan los contratos de extracción. De acuerdo con cifras reveladas en la Convención, actualmente la producción de petróleo de los contratos de extracción asciende a 168 mil barriles diarios de petróleo, lo que representa el 10% del total de la producción de petróleo en el país. Para 2022 se prevé que el volumen de petróleo que se origina de estos contratos alcance los 250 mil barriles diarios, equivalente al 20% del total estimado para el cierre de este año.



Estas cifras, merece puntualizarlo, contemplan el volumen de petróleo que Pemex obtiene bajo los contratos de extracción en los que participa. Esta modalidad no tiene que ver con el volumen que obtiene por medio de las asignaciones que recibió de manera directa en 2014 por parte del Estado mexicano.



En la coyuntura actual, marcada por altos precios del petróleo a nivel internacional, algunas voces empiezan a hablar de la necesidad de que las empresas que operan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos aumenten sus inversiones para que la plataforma nacional de producción se incremente. Al respecto, es conveniente señalar que la ejecución de los planes de desarrollo de los campos depende de un proceso regulatorio definido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el cual está atado a tiempos previamente establecidos. En función de ello, es entendible que no se prevea un incremento inmediato en las inversiones.



La AMEXHI, no obstante, ha aceptado que existe un interés de las empresas operadoras por continuar invirtiendo en el país. En línea con lo anterior, resulta pertinente destacar que no es fácil atraer nuevas inversiones si no hay un mercado creciente. De ahí que sea deseable retomar las rondas petroleras en donde se liciten nuevas áreas. 



Por lo demás, debe recordarse que los beneficios que ha generado la industria petrolera tienen mucho que ver con las finanzas públicas. En la Convención, la AMEXHI dio a conocer que en los últimos cinco años las empresas que operan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos han transferido más de 4 mil 406 millones de dólares al Fondo Mexicano del Petróleo, lo que fortalece la asignación de recursos para atender las necesidades de México.



Para consolidar estos beneficios en los siguientes años, ya lo ha dicho la AMEXHI, conviene seguir concibiendo a la industria petrolera en México como un generador de valor y no únicamente como generador de renta petrolera. Esto pasa por la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y de instrumentar reglas objetivas que amplíen el bien común bajo parámetros imparciales. En este contexto, la CNH, como regulador de la industria, está llamada a jugar un papel decisivo.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Convención Nacional Petrolera 2022

El energético es tema fundamental en la agenda del actual gobierno. Desde que tomó posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador lo ha utilizado para delinear el perfil de su administración y para diferenciarse de sus antecesores. El uso que le ha dado explica la situación en la que el sector energético de México se encuentra actualmente. 



Hoy impera una clara incertidumbre entre la mayoría de los actores del sector. Las empresas privadas viven en una especie de limbo, donde las reglas de participación que dieron forma al modelo energético de 2013 no terminan de suprimirse y donde las nuevas reglas que este gobierno busca imponer no terminan de establecerse. 



Este periodo de cambio ha generado una crispación que trasciende el aspecto meramente técnico. En el proceso de implementación de las nuevas reglas de participación, las empresas se han sentido maltratadas por las formas empleadas por las autoridades energéticas. Lo que a finales de 2018 se planteó como una política energética para “meter orden en el sector”, pronto se convirtió en la causa del distanciamiento entre el gobierno y el sector privado. 



La política energética instrumentada ha incluido, entre otras medidas, la suspensión de las subastas eléctricas, la tentativa para modificar la forma en que se asignan los Certificados de Energía Limpia y la infructuosa pretensión de aumentar las tarifas de transmisión para los generadores de energía renovable. Esfuerzos, estos, que de alguna u otra forma han alejado al país del futuro ambiental y tecnológico en el que ya está inmersa una gran mayoría de naciones.



Estas medidas han venido acompañadas por una retórica poca amistosa del presidente. Lo que desde las conferencias mañaneras en palacio nacional se dice ha servido para estirar aún más la liga de la confrontación, dinamitando puentes de entendimiento y dejando claro que hoy la construcción de un proyecto energético compartido es tarea imposible.&nbsp;&nbsp;



El golpe de gracia que terminó por descarrilar la relación entre el gobierno y las empresas privadas de energía fue la iniciativa constitucional en materia eléctrica que el Ejecutivo presentó a finales de septiembre de 2021. Si bien el planteamiento aborda una multiplicidad de aspectos, algunos de ellos muy complejos, en términos generales fue recibido con gran preocupación por actores sociales, empresariales y políticos, quienes observaron en la propuesta un riesgo tanto para el medioambiente como para el clima de negocios y las finanzas públicas de México. 



No sólo por los adjetivos que contenía la exposición de motivos de la iniciativa constitucional, sino por los excesos de los planteamientos de la propuesta, estos actores encontraron el camino para aglutinar sus inconformidades y plantarle cara al presidente. Desde que se presentó la iniciativa, hasta el día en que se subió al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación, los opositores supieron leer la importancia del momento y mantuvieron una postura unida.



La suerte de la iniciativa se resolvió en la sesión del Consejo Político Nacional del PRI celebrada el 10 de abril pasado. En dicha reunión, la máxima instancia de ese partido político manifestó públicamente su rechazo al planteamiento presidencial en los términos en que fue presentado por el Ejecutivo. La postura priísta evidenció la negativa del presidente de México y de Morena a negociar algunos de los puntos medulares de la propuesta.



El resultado de la votación en la Cámara de Diputados arroja al menos dos perdedores. El primero de ellos es López Obrador, quien hizo de su propuesta legislativa un tema de la mayor importancia para el gobierno que encabeza. Esto sin mencionar que es la primera vez que una iniciativa constitucional enviada por un presidente no es aprobada por el Congreso.



El segundo es el sector energético, que en los últimos años ha estado sujeto a un torbellino de medidas mal implementadas. La errática conducción del sector no solo ha impactado en la incertidumbre por falta de reglas claras de participación, también ha imposibilitado una discusión seria en torno a asuntos que necesitan modificarse, como la modalidad de generación eléctrica bajo el esquema de autoabastecimiento.



Por lo demás, es una buena noticia para el país saber que contamos con una oposición política que le puede hacer contrapeso al Ejecutivo. Eso es algo que, en una democracia, debemos valorar todos los ciudadanos. 



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Reforma eléctrica: la suerte está echada

La Cámara de Diputados fijó las reglas para discutir la reforma eléctrica del Ejecutivo. A partir de este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se reunirán para elaborar y aprobar un dictamen que deberá ser votado en el Pleno de la Cámara baja, donde necesitará del consentimiento de al menos dos terceras partes de las y los diputados para que sea aprobado.



Considerando la dinámica de estos eventos y las repercusiones que tendrán para el sector energético y para el futuro de México, resulta útil realizar un análisis prospectivo que ofrezca un poco de más claridad sobre el proceso de discusión de la iniciativa constitucional y sobre su desenlace en la Cámara de Diputados. En vista de que es imposible desayunar con el futuro para saber con exactitud qué ocurrirá, lo que a continuación se propone es partir de dos premisas irrefutables para, posteriormente, perfilar una conclusión.



La primera premisa tiene que ver con el hecho de que, en cuestiones políticas, no existe nada escrito sobre piedra. Esto significa que las posturas de los partidos políticos representados en el Congreso, inclusive la del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden variar de un día a otro, conforme se vayan presentando los acontecimientos. No hay que olvidar que en torno a la reforma eléctrica hay grandes y muy diversos intereses que responden, de la misma forma, a una multiplicidad de componentes. 



La segunda premisa está vinculada con los votos que necesita la coalición legislativa del mandatario para sacar adelante la reforma eléctrica en la Cámara baja. En este sentido, Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) actualmente cuentan con 277 diputados, lo que significa que requerirían del apoyo de al menos 55 legisladores más – probablemente de Movimiento Ciudadano y del PRI &#8211; para poder alcanzar los 332 votos necesarios para avanzar la iniciativa constitucional. Esto obliga a los oficialistas a negociar u otorgar alguna concesión política para lograr la mayoría calificada y la aprobación de la reforma.



Por lo pronto, el hecho de que la elaboración y aprobación del dictamen &#8211; primer trámite legislativo para sancionar la iniciativa constitucional &#8211; requiera tan solo de la mitad más uno de los legisladores que integran cada una de las comisiones (requisito que cumple la coalición legislativa del Ejecutivo), permite suponer que la resolución que se vote en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía no contemplará modificaciones – al menos no sustanciales – con respecto al planteamiento del Ejecutivo. Puesto que las reglas acordadas para discutir la iniciativa constitucional establecen que cualquier reserva que impugne el contenido del dictamen se votará en el Pleno, es probable que las y los diputados de Morena, junto con sus aliados, busquen llevar la verdadera discusión y negociación al espacio que se abrirá entre el momento en que el dictamen se apruebe en comisiones y el día en que se lleve al Pleno.



Considerando que Morena ha expresado públicamente su interés en que el dictamen se vote en abril, cosa a la que el PRI se opone actualmente, se observa que las concesiones de los oficialistas deberán ir más allá de hacer del acceso a las celdas solares un derecho humano y de la transición energética en el sector eléctrico una responsabilidad del Estado mexicano. En pocas palabras, la coalición legislativa que defiende los intereses de López Obrador deberá mostrar más que una zanahoria si es que quiere que el dictamen se vote pronto.



Quizá los cálculos políticos de Morena en la Cámara de Diputados solo se limiten a hacer del tema eléctrico un componente que aumente la crispación social y que nutra el discurso de la Cuarta Transformación de cara a la revocación de mandato, que se celebrará el próximo 10 de abril. En este caso, los partidos de oposición deberán esperar pocas concesiones de los oficialistas y los inversionistas deberán aguardar a que transcurran las elecciones del 5 de junio para que la reforma eléctrica se procese en la Cámara Baja.



El desenlace de la iniciativa constitucional del Ejecutivo dependerá, también, de si la Corte avala los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que el Congreso aprobó en marzo de 2021. Si en los primeros días de abril los ministros declaran constitucionales los cambios a la ley secundaria, el presidente tendría argumentos políticos para detener la reforma constitucional.



En todos estos sucesos, no podemos pasar de largo la postura del gobierno de Estados Unidos con respecto a la iniciativa de López Obrador. Recientemente la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reiteró las preocupaciones que la administración Biden tiene por las acciones que el gobierno de México ha tomado en materia energética. En este escenario, independientemente de que la reforma eléctrica se vote en abril o después de las elecciones de junio, es previsible que el gobierno estadounidense continúe presionando para que el planteamiento del Ejecutivo se matice de suerte tal que no represente un riesgo en materia ambiental ni para los inversionistas de Estados Unidos.



Lejos de que esto sea algo negativo, el presidente López Obrador y su colación legislativa harían bien en atender estas inquietudes. No solo para evitar conflictos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), sino para estar mejor posicionados, como región, frente a los retos tan fabulosos que se están gestando desde ahora en el sector energético global y para los que nuestro país aún no está preparado.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Reforma eléctrica: lo que se viene

Desde que inició la invasión militar de Rusia en Ucrania, los precios internacionales del petróleo han subido de manera considerable. Entre el 24 de febrero y el 4 de marzo, el precio de los contratos del crudo de referencia Brent para abril ha aumentado 17%, al pasar de 94.42 a 110.46 dólares por barril. Los niveles alcanzados por el Brent, no vistos desde el 2013, reflejan el nerviosismo que existe en el mercado global de petróleo ante la posibilidad de que la demanda petrolera no pueda cubrirse plenamente.



En la coyuntura actual impera la percepción de que el crudo ruso es tóxico. Las sanciones que Occidente ha impuesto al país invasor han tenido un impacto en el ánimo de los operadores, quienes en sus transacciones diarias procuran sustituir el petróleo ruso por crudo de otras regiones. La posibilidad de que las sanciones se extiendan o que impacten directamente las compras o el suministro de Rusia, acrecienta el nerviosismo.



Conforme transcurre el conflicto y el presidente ruso Vladimir Putin mueve sus piezas, este escenario cada vez adquiere más forma. Justo en estos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que el gobierno estadounidense discute de manera activa con sus aliados la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo y gas natural desde Rusia. Queda claro que, si esta prohibición avanza, los precios del crudo superarán los 120 dólares por barril.



En este contexto, el director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, planteó la necesidad de incrementar de manera inmediata la producción de petróleo y gas natural para limitar el alza en los precios de los energéticos. En un tweet que escribió el viernes pasado, el empresario sustentó su argumento al señalar que “tiempos extraordinarios, requieren medidas extraordinarias”.



Aunque el magnate reconoció que esta medida traería un impacto negativo para Tesla, empresa que fabrica vehículos eléctricos y que en su misión busca acelerar la transición del mundo hacia las energías limpias, advirtió que en este momento las soluciones vinculadas con la energía sostenible no pueden reaccionar de manera instantánea ni con la contundencia suficiente para sustituir las importaciones de petróleo y gas natural provenientes de Rusia. Esto último, aunque triste, resulta incuestionable.



En la actualidad, la participación de los combustibles fósiles en la mezcla energética total es tan alta como hace una década (actualmente es de 80.2% frente a 80.3% de hace 10 años) y la participación de las energías renovables solo ha aumentado ligeramente. Incluso con la disminución histórica en el consumo de energía observado en 2020, los cinco países del G20 con objetivos de energía renovable para 2020 enfrentaron serios problemas para alcanzarlos. Los otros 15 países ni siquiera tenían un objetivo (Renewables 2021 Global Status Report, REN21).



No obstante esta realidad, me da la impresión de que atrás del planteamiento de Musk se encuentra una forma de pensar que justifica la colonización del futuro. Si bien lo que el empresario plantea es un hecho irrefutable (la dependencia que nuestra sociedad mantiene con relación a los combustibles fósiles), su planteamiento lo hace desde una concepción donde las futuras generaciones no están representadas en el futuro y donde cualquiera se puede volcar libremente en la degradación ambiental.



Creo, en todo caso, que la invasión de Rusia &#8211; con las terribles consecuencias que se han desprendido del lamentable hecho &#8211; deben servirnos para tomar conciencia con respecto a lo que vamos a dejar como legado, no solo para nuestros hijos sino también para los hijos de nuestros hijos. En este sentido, lo fundamental para dejar un buen legado tiene que ver con la sostenibilidad.



Pero ¿cómo la podemos materializar?&nbsp; Se requiere no solo del despliegue inmediato y masivo de todas las tecnologías disponibles de energía limpia y eficiente, sino también del apoyo y de la participación de las y los ciudadanos. Bajo estas dos premisas, que son a todas luces medidas extraordinarias, el planteamiento de Elon Musk con relación a producir más combustibles fósiles pierde sentido.



Ya lo señaló la Agencia Internacional de Energía: enfocar la política energética en el cambio climático da como resultado una fuerte disminución en la demanda de combustibles fósiles. Todo, en conclusión, es cuestión de perspectivas. 



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Precios del petróleo: medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios

La ciencia ha demostrado que la viabilidad del planeta depende de que su temperatura no se incremente más allá de los 1,5 grados Celsius. Cualquier aumento por arriba de este umbral, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), intensificará de manera dramática el riesgo de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos.



Para lograr que el calentamiento global no descarrile la vida humana, al menos en los términos en la que la concebimos en la actualidad, el sector de la energía juega un papel determinante. Puesto que produce más de dos terceras partes de los gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo, cualquier empeño para limitar las emisiones contaminantes que provienen de la producción y del consumo de energía resultará útil para lograr que la temperatura del planeta no aumente por arriba de las previsiones científicas.



Los desafíos que plantea la crisis climática para el sector de la energía propician una reflexión sobre el papel que la seguridad energética tiene en la transición energética. En esta reflexión, queda más o menos claro que antes que pensar en la forma en que producimos y consumimos energía, primero debemos garantizar su asequibilidad. No hay que olvidar que la legítima aspiración de contar con energía segura, sostenible y moderna se construye desde una dura verdad: sin acceso a la energía no hay crecimiento económico ni estabilidad social.



La Agencia Internacional de Energía (AIE) define la seguridad energética como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible. A largo plazo ésta se relaciona con inversiones oportunas para suministrar energía de acuerdo con la evolución económica y las necesidades ambientales. A corto plazo se centra en la capacidad del sistema energético global para reaccionar con prontitud ante cambios repentinos en el equilibrio entre oferta y demanda energéticas.



Es en el contexto de corto plazo donde se entiende el papel tan relevante que juega la industria petrolera. Actualmente los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) cubren el 82.8% del consumo final de energía en todo mundo (Statistical Review of World Energy 2021, BP). De ahí que todo esfuerzo que esta industria realice para reducir las emisiones de GEI, es bienvenido.



Sobre salen, al respecto, las acciones para reducir las emisiones de metano vinculadas a la producción, procesamiento y transporte de hidrocarburos, mismas que representan la segunda fuente de GEI más importante a nivel global, solo después de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la industria petrolera ha venido aumentando sus inversiones para hacer más eficientes los equipos que liberan intencionalmente grandes volúmenes de gas asociado a la atmosfera. El incremento de las inversiones también está orientado a mejorar las prácticas de mantenimiento para identificar y medir las fuentes de emisiones, así como a modernizar la infraestructura, principalmente en lo que toca a los tanques de almacenamiento, que suelen liberar a la atmosfera importantes cantidades de metano.



Una estrategia que avanza y promete mucho dentro de la industria petrolera es la de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). La tecnología de CCUS abarca una serie de procesos tecnológicos a partir de los cuales se captura el CO2 generado en las operaciones de la industria para después almacenarlo en el subsuelo de manera segura y permanente. Actualmente más de la mitad de la capacidad de CCUS se encuentra en Estados Unidos y Canadá, donde las oportunidades de utilizar CO2 en el proceso de recuperación mejorada de petróleo han impulsado su despliegue.



No hay que olvidar, por lo demás, que la lucha contra el cambio climático no solo puede abarcar acciones que contemplen ajustes a la manera en que se produce la energía. Debe incluir, también, medidas para modificar la forma en que se consume la energía. En este sentido, la economía circular representa un motor para la acción climática y la transición energética toda vez que supone un cambio cultural en la manera en que entendemos el sistema productivo y de consumo.



Este nuevo modelo económico está orientado a la creación de nuevas oportunidades de negocio y formas innovadoras que permiten producir y consumir de manera más eficiente con base en la “reducción, reutilización y reciclaje” de materias primas. La economía circular reduce la necesidad de productos primarios, disminuye los costos de la energía al aumentar la eficiencia energética, minimiza la generación de residuos, transforma los residuos en nuevos insumos, incrementa la permanencia de materiales y productos más tiempo en el círculo económico, genera oportunidades sociales y fomenta modelos de carácter colaborativo (Potencial de la economía circular en el sector energético, Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental). Este modelo económico ha venido a remplazar al modelo lineal, intensivo en la extracción de recursos y generador de un alto volumen de residuos y de GEI.



En el camino hacia la descarbonización de las actividades económicas, con miras al 2050, el sector energético global encuentra oportunidades de transformación en los pilares de la economía circular. A las tradicionales actividades de mejora de la eficiencia en la producción y en el suministro de energía, se suman oportunidades para acelerar la transición energética en la electrificación del consumo final de la energía y en el impulso de nuevas tecnologías, como las vinculadas a la producción de hidrógeno.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Navegando la transición energética

Los precios del petróleo Brent cerraron la semana pasada por arriba de los 90 dólares por barril. La última vez que este crudo de referencia estuvo por encima de ese nivel fue en 2014, cuando cotizó en 98.14 dólares por barril. La cotización alcanzada por el Brent se explica, principalmente, por los niveles de inventarios de petróleo reportados en Estados Unidos y por el incremento de los riesgos geopolíticos.



En cuanto al primer punto, el informe semanal de inventarios de petróleo de Estados Unidos, dado a conocer por el Instituto Americano del Petróleo el martes pasado, resaltó que las existencias de crudo en la Unión Americana cayeron en 872 mil barriles, evidenciando la fragilidad del mercado petrolero global. Este informe reavivó los temores de instituciones bancarias con relación a la probabilidad de que el petróleo, eventualmente, rebasará la barrera de los 100 dólares por barril este año.



Sobre los riesgos geopolíticos, la posibilidad de que el conflicto entre Rusia y Ucrania escale ha incorporado un elemento adicional de preocupación. No hay que olvidar que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, solo después de Estados Unidos y Arabia Saudita.  Abastece, además, el 40% del gas natural que se consume en Europa. Cualquier riesgo al suministro de gas natural desde Rusia es motivo de inquietud, particularmente en el contexto de un invierno europeo con precios de los energéticos altos.



A estos dos factores se agregan los temores con respecto a que algunos países pertenecientes a la OPEP pueden no tener la capacidad suficiente para elevar su producción petrolera en un ambiente de inestabilidad. Pesan, en los ánimos del mercado petrolero, las disrupciones en el suministro petrolero de Libia y las recientes amenazas a la infraestructura en Emiratos Árabes Unidos por parte de los hutíes de Yemen.



Por lo demás, hay que tener presente que el actual contexto que vive la economía mundial poco favorece la certidumbre y estabilidad en el mercado petrolero. Las perspectivas de las actividades económicas en el mundo siguen dependiendo de la forma en que los países encaren la pandemia. En particular, la variante ómicron plantea preguntas sobre la reactivación económica y su influencia en el consumo global de energía, independientemente de que para la OPEP esta variante tendrá un leve impacto y será de corta duración.



De manera adicional a las incertidumbres macroeconómicas, el clima invernal en Estados Unidos y Europa genera incógnitas no solo en cuanto al comportamiento de la demanda petrolera sino también con respecto al impacto que tendrá para los consumidores. Bank of America estima, en este sentido, que los hogares europeos pagarán en promedio 54% más por la energía durante este año que lo que pagaron en 2020.



En este ambiente de incertidumbre, la Administración de Información Energética (eia) del Departamento de Energía de Estados Unidos prevé que el precio promedio del Brent será, para todo el 2022, de 75 dólares por barril. Este nivel representa un aumento de 5.6% con respecto a la cotización promedio de 2021.&nbsp; Para aquellos países cuyas finanzas publicas dependen de las exportaciones petroleras, como México, este incremento esperado representa una buena noticia.



Si el aumento en los precios del petróleo se materializa, veremos, en el caso de nuestro país, si el gobierno tiene el tino de utilizar los ingresos excedentes para resolver problemas que aquejan a las y los ciudadanos o si, por el contrario, persiste en su empeño de darle prioridad a los proyectos emblemáticos de esta administración. En todo caso, la necesidad de dar resultados en temas como la seguridad y la salud debería de prevalecer ante cualquier otro cálculo.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Los precios del petróleo

Este lunes inicia el Parlamento Abierto para analizar y discutir la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejercicio contempla la realización de 19 foros que se llevarán a cabo del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. Los aspectos que se abordarán giran en torno a 5 ejes temáticos que reafirman, más que la calidad misma del Parlamento Abierto, la profundidad del planteamiento propuesto por el Ejecutivo federal.



En tiempos donde la estridencia se ha convertido en la referencia del debate público, las y los diputados de la LXV Legislatura han catalogado al Parlamento Abierto como un ejercicio de participación inédito y trascendente. No queda claro si los ánimos que envuelven al cuerpo legislativo servirán para que la sociedad conozca un poco más de este tema que, a todas luces, resulta complejo y distante. Tampoco se sabe si los argumentos que escucharemos en los siguientes días modificarán las percepciones que las y los legisladores tienen sobre un asunto que parece lo suficientemente discutido.



En todo caso, de lo que no hay duda es de que la coalición legislativa del Ejecutivo no tiene los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional por cuenta propia, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Para hacerlo, requieren del apoyo de algunos legisladores de oposición. De ahí que las discusiones de este ejercicio de participación pudieran significar una oportunidad para que Morena y sus aliados aprovechen la coyuntura para manejar los fervores que se susciten y negociar con ciertos legisladores de oposición la aprobación de la reforma eléctrica.



Tomando en cuenta la postura de las distintas fuerzas políticas, expresadas no solo en las conferencias de prensa del presidente sino también en la dinámica propia de los trabajos del Congreso y en el pujante acontecer local, es más probable que cualquier negociación se haga con el PRI, de manera particular con el PRI que representa el líder de los diputados de ese partido, Rubén Moreira. Este legislador, que actualmente preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha mantenido posiciones más conciliadoras con respecto a la Cuarta Transformación que cualquier otro líder de la oposición. A penas en diciembre pasado, por poner un ejemplo, declaró que su partido le había dado una patada al neoliberalismo que le impusieron desde el poder.



En cuanto a lo que se pudiera negociar, algunos ilusos han sugerido que el proceso electoral de mediados de este año pudiera servir como moneda de cambio. Si bien nadie habla de ceder gubernaturas, sí se menciona – con algo de ingenuidad &#8211; la posibilidad de negociar algún otro cargo que se votará el próximo 5 de junio. No obstante, considerando que el PRI llegará a este proceso electoral en una posición desdibujada, no se observa que Morena y sus aliados estén dispuestos a cederle alguna posición, por mínima que sea, a los priistas.



A lo mucho, el presidente López Obrador podría concederle a este partido la posibilidad de conservar la interlocución que desde la Cámara de Diputados mantiene con figuras clave de la Cuarta Transformación. Algo mínimo para un partido político con la historia del PRI pero que bien administrado le puede permitir no solo conservar su presencia nacional sino también construir una opción electoral inteligente de cara al 2024.



Por lo demás, resulta pertinente tomar en cuenta que los retos que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional no se resolverán desde la imposición de un discurso hegemónico. De hecho, la única manera de garantizar que el incremento futuro de la demanda eléctrica en México será cubierto de manera confiable y segura es a través de la colaboración entre el Estado y las empresas privadas, así como por medio de la participación de las distintas fuerzas políticos. Hay que decirlo con claridad: nunca será suficiente que una empresa o una persona decidan qué hacer y luego que lo hagan por cuenta propia.



Lo anterior viene a colación para recordar que las voces que se escuchen en el Parlamento Abierto serán fundamentales para marcar un mejor rumbo para el sector energético y para el país. Quizá no en una coyuntura marcada por antagonismos, pero sí en un futuro próximo cuando como sociedad caigamos en la cuenta de la necesidad de recuperar el tiempo perdido.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Parlamento abierto de la reforma eléctrica

Eventos políticos sucedidos en los últimos días invitan a reflexionar sobre el destino de la reforma eléctrica. La reunión de algunos líderes del PAN con el secretario de Gobernación y el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores del país sugieren que la iniciativa constitucional podría avanzar en el Congreso, a pesar de que su contenido resulta desfavorable para el sector energético en su conjunto.



Todavía no está claro si las distintas fuerzas políticas tendrán la disposición y el talento suficientes para construir los consensos necesarios para que la reforma eléctrica se discuta en la primera mitad del próximo año. En todo caso, vale la pena señalar que en la medida este tema no se resuelva, es decir, que no exista claridad con respecto a la aprobación o al rechazo de la propia iniciativa, prevalecerá la incertidumbre ante la posibilidad de que las reglas del juego cambien.&nbsp;



El desconcierto que reina en la actualidad es entendible: el planteamiento para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales es extraordinariamente amplio y ambicioso. Se trata de un paradigma que trasciende al sector y que tiene que ver con la forma en que se concibe el futuro de México.



Uno de los puntos medulares de esta reforma es que sienta las bases de un nuevo sistema eléctrico, en el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría la responsabilidad de generar el 54% de la energía que se consume en México y donde las empresas privadas se encargarían de generar el 46% restante. Actualmente, según cifras de la CFE, los privados tenían una participación del 62% del mercado eléctrico y la empresa productiva del Estado participaba con el 38% restante.



Para lograr lo anterior, se ha propuesto cambiar los criterios que se utilizan para subir a la red eléctrica la energía eléctrica que se genera en México. Las modificaciones al despacho eléctrico significarían darle prioridad a la energía eléctrica de la CFE, 62% de la cual proviene de combustibles fósiles, y dejar en segundo plano la energía eléctrica que generan las empresas privadas.



Cabe señalar que, de acuerdo con lo que se desprende de la iniciativa de reforma eléctrica, la CFE sería la única responsable de garantizar el suministro confiable y seguro de energía eléctrica. Esto no es un reto minúsculo, sobre todo si se considera que, con la reactivación económica, se espera un incremento en la demanda eléctrica en nuestro país.&nbsp; De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), entre 2021 y 2035 la demanda de electricidad en México crecerá en promedio 3%.



Para cubrir este incremento, la todavía empresa productiva del Estado tendría que cumplir &#8211; en tiempo y forma – con su programa de ampliación de generación eléctrica, que inicialmente contempló la construcción de seis centrales de ciclo combinado y que posteriormente se amplió con la inclusión de otras centrales eléctricas, entre las que se encuentra un nuevo parque solar en Sonora. No está de más decir que en los últimos tres años la CFE no ha construido un nuevo Megawatt que pueda emplearse para satisfacer el aumento esperado de la demanda eléctrica.



El reto para esta empresa productiva del Estado no solo está del lado de la generación eléctrica. También tiene que ver con el fortalecimiento y ampliación de la red eléctrica. Si nuestro país aspira a contar con energía eléctrica confiable y segura, la CFE deberá acelerar la modernización de las redes de transmisión y distribución para llevar a los centros de consumo un mayor volumen de energía eléctrica.



Este es un desafío impostergable y con beneficios tangibles. En la medida en que se fortalezca y amplíe la red nacional eléctrica, la energía que se genera con fuentes renovables tendrá una mayor oportunidad de subirse a la red eléctrica. Con ello, no solo estaremos diversificando nuestra matriz energética, también estaremos caminando en el sentido correcto con respecto a la descarbonización de nuestras actividades económicas.



Hay otros temas que se contemplan en la reforma eléctrica que bien valdría la pena que los legisladores y la sociedad discutamos con seriedad. En este sentido, permanece latente la pertinencia de modificar la forma en que se plantean dos asuntos particulares: los órganos reguladores en materia energética y la transición energética.



Sobre el primer punto, la existencia de órganos reguladores autónomos es determinante para mantener el buen desempeño de un mercado, como el eléctrico, que cuenta con la participación de un importante número de empresas. En cuanto a la transición energética, a diferencia de lo que plantea la iniciativa, este es un proceso complejo en el que deben participen de manera activa la CFE, las empresas privadas, los órganos reguladores, las instituciones bancarias y, principalmente, las y los ciudadanos. Solo así podremos acelerar nuestro camino a la descarbonización de las actividades económicas.



A manera de que conclusión hay que señalar que, si bien el diálogo entre las distintas fuerzas políticas asoma cabeza, resulta pertinente mantener las expectativas ancladas y reconocer la permanencia de dos realidades que difícilmente cambiarán. Una de ellas está asociada con la postura del presidente López Obrador en materia energética y con la forma en que gobierna, lo que resulta en el principal escollo para discutir y negociar la reforma eléctrica. La segunda está vinculada con las presiones que desde el exterior se han escuchado con respecto a este tema. Aun cuando el gobierno no lo reconozca, estas presiones han sido útiles, en alguna u otra medida, para moderar el discurso y los ánimos de algunas autoridades responsables de promover la reforma eléctrica.



Lo que hay, a final de cuentas, es un ambiente político menos tenso que facilitará la discusión de una de las reformas más importantes para la Cuarta Transformación.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Reforma eléctrica: lo que el 2022 traerá

En los primeros tres años de gobierno de la Cuarta Transformación se ha promovido de manera decidida lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador define como el “rescate del sector energético”. Esta política no es otra cosa que el fortalecimiento de las empresas públicas de energía por medio de decisiones políticas y cambios legislativos. El objetivo primordial, de acuerdo con el mandatario, es mantener las tarifas de los energéticos sin grandes incrementos. No obstante, otras interpretaciones sugieren que el objetivo real es socavar la participación de las empresas privadas en el sector.



Al inicio de esta Administración pocos pensaron que los ánimos de transformación del presidente pondrían en aprietos al sector energético. Algunos pensamos que López Obrador mostraría una postura más pragmática que, si bien le permitiría marcar distancia con respecto a lo que significa el modelo energético construido en el sexenio pasado, no afectaría el funcionamiento de las industrias de los hidrocarburos y eléctrica.



Pero el mandatario lo ha repetido insistentemente durante sus conferencias de prensa: nadie se puede sentir engañado. Desde que andaba en campaña dijo que buscaría devolverle a Petróleos Mexicanos (Pemex) lo que la reforma energética de 2013 le había quitado. El mismo destino planteó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque en este caso los tambores de guerra no sonaron tan fuerte en el proceso electoral de 2018 como lo hacen ahora.



Tras la primera mitad del sexenio, el resultado en materia energética ha sido el debilitamiento gradual del marco institucional que rige al sector. La confrontación entre un modelo que favorece la presencia del Estado y otro que tiene como prioridad la competencia se ha traducido en acciones administrativas y modificaciones legales torpemente instrumentadas. La polarización política y social ha reducido los espacios de interlocución y diálogo, generando una clara incertidumbre entre los actores que participan en los mercados energéticos.&nbsp;



Para la segunda mitad del sexenio, el presidente ha puesto a la autosuficiencia energética como el objetivo principal en su política petrolera.  Esto implica, según López Obrador, dejar de comprar combustibles en el extranjero y producirlos en el mercado interno, lo que a su vez significaría dejar de exportar petróleo crudo para transformarlo en México. En materia eléctrica, el mandatario ha dicho que el objetivo es recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que buscó dejar el mercado eléctrico en manos de empresas privadas.



Tomando en consideración las formas y el contenido del discurso de López Obrador con motivo de los primeros tres años de gobierno, cualquiera podrá llegar a la conclusión de que existen pocas expectativas con respecto a que las cosas cambien. El rescate del sector energético y el fortalecimiento de las empresas públicas de energía seguirán marcando la pauta de las decisiones de este gobierno, nutriendo con ello la narrativa de la Cuarta Transformación y la popularidad del presidente.&nbsp;



Fuera de los beneficios políticos que probablemente seguirá capitalizando López Obrador, el país continuará requiriendo de una enorme cantidad de inversiones para poder garantizar el suministro de combustibles y el acceso a electricidad. Pemex y CFE, en este sentido, tendrán que continuar haciendo un esfuerzo puntual para cumplir, cada vez con mayor apremio, con las responsabilidades que el presidente les ha echado al hombro. El crecimiento económico de México estará estrechamente vinculado al talento y a la capacidad que muestren estas empresas para abastecer de energéticos a todo el país. 



Por lo demás, la oportunidad de acelerar el desarrollo del sector energético, que bien gestionado es detonador de inversiones, quedará postergado en los siguientes años. Por si fuera poco, concluido este sexenio, las expectativas en términos de cambios y repulsivos en materia energética son poco claras. Algunos hablan, en este contexto, de que la visión actual en el sector energético no cambiará mucho después de 2024.



Uno de los actores políticos que espera que las cosas permanezcan como hasta ahora es el presidente López Obrador. Destaca, en este contexto, lo que dijo la semana pasada en el Zócalo con respecto a que “nada se logra con las medias tintas”. Para él, gobernar desde el centro del espectro geopolítico es un error. Y mientras una multitud de ciudadanos escuchaban decir esto al mandatario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores aplaudían el discurso de su jefe.



Lo cierto es que nada está escrito. Ya veremos qué tanto se mueve el péndulo político en el verano de 2024 y qué tanto habrá que cambiar dentro del sector energético en los siguientes.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

El sector energético después de tres años de gobierno

El Congreso Mexicano del Petróleo 2021 permitió que escucháramos un poco más de la situación actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) en voz de los directivos de la compañía. No solo fue el director general, Octavio Romero Oropeza, quien habló sobre los logros y desafíos más importantes de la empresa, también lo hizo el director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Ángel Cid Munguía.



Poco sorprende que el hilo conductor de sus respectivos discursos se haya centrado en la restitución de reservas y en la producción de petróleo crudo. Los indicadores que miden el comportamiento de estas variables operativas de la compañía muestran un tímido incremento en la resituación de reservas 1P (aquellas que tienen una probabilidad de al menos 90% de comercializarse) y una precaria estabilización de la producción petrolera. 



De acuerdo con ambos directivos, después de que entre 2007 y 2018 las reservas 1P registraron un descenso de 52%, a partir de 2019 a la fecha han aumentado, con la perspectiva de cerrar el 2021 con un incremento de 7.1% con respecto al 2018. En cuanto a la producción de petróleo, los ejecutivos explicaron que, desde el 2004 al 2018, este indicador registró una caída, misma que en 2019 se detuvo con una tendencia al incremento del 8.4% anual.



Sabedores de que una golondrina (en este cado dos) no hace verano, tanto Romero Oropeza como Cid Munguía reconocieron importantes desafíos que, sin lugar a duda, marcarán el rumbo de Pemex hacia el futuro. El primero de ellos es la abultada deuda financiera. El segundo tiene que ver con la declinación de su principal activo, Ku-Maloob-Zaap, y con la necesidad de incorporar nueva producción para compensar este declive. 



Sobre el primer desafío, el director general reconoció que la deuda financiera pone en una situación de riesgo de quiebra a Pemex.&nbsp; En línea con lo anterior, habló de que, en el sexenio pasado, la deuda de la empresa se incrementó de manera dramática, al pasar de 1 billón de pesos a 2.2 billones de pesos. Por esta razón, dijo, de ahora en adelante no será Pemex quien se haga cargo de las amortizaciones de la deuda, sino que va a ser el gobierno federal el que haga frente a estas responsabilidades.



Vale la pena hacer un paréntesis en este tema para comentar que, según estimaciones de Moody’s, el apoyo del gobierno federal a Pemex en lo concerniente a este asunto representará un costo de entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales, casi el 2% del PIB nacional. En consecuencia, la agencia calificadora ha argumentado que la estrategia de apoyo a Pemex que instrumenta el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pone en riesgo las finanzas públicas.



En cuanto a la declinación del yacimiento Ku-Maloob-Zaap y a la necesidad de incorporar nueva producción para compensar su declive, el director de PEP mencionó que la compañía ha logrado reducir los tiempos desde el descubrimiento de un nuevo campo hasta el inicio de la primera producción. Explicó que entre 1980 y 2018 el tiempo promedio para alcanzar la primera producción en los campos de Pemex era de ocho años, contra un promedio actual de un año. Esto, de acuerdo con el Ing. Cid Munguía, ha permitido incorporar, de 2019 a la fecha, una producción de 273 mil barriles diarios (b/d) de petróleo de los nuevos desarrollos.



Lo cierto es que más allá de los cuestionamientos técnicos asociados con el manejo correcto de los campos, la estrategia de acelerar la producción en los nuevos desarrollos no ha sido suficiente para que Pemex pueda cumplir con sus metas de producción de petróleo. De esta forma, utilizando información de la propia compañía, se puede observar que en 2019 se planteó una meta de producción de 1 millón 707 mil b/d y solo se alcanzó un nivel de 1 millón 684 mil. En 2020 la meta se estableció en 1 millón 866 mil b/d y se concretó una producción de 1 millones 686 mil b/d. Este año la meta es de 1 millón 944 mil b/d y hasta el momento el promedio de producción se ubica en 1 millón 731 mil b/d.



Como puede observarse, la situación actual de Pemex está marcada por claroscuros. En este escenario de logros y formidables desafíos, bien vale la pena dejar un par de reflexiones. La primera de ellas es que debe reconocerse que en el manejo de esta compañía, a diferencia de lo que sucede con otras empresas públicas, no se percibe un aroma tan concentrado de ideología. La segunda es que las perspectivas de Pemex serían otras (desde luego unas mejores) si sus directivos aceptaran que los operadores privados pueden ser una buena cuña para complementar las actividades básicas de la compañía. Con esto se concluye que, aun cuando no hay un fuerte competente ideológico al interior de Pemex, aun faltan muchos dogmas por superar.



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Pemex en el Congreso Mexicano del Petróleo

Transcurrido más de un mes desde que se presentó la iniciativa de reforma al sector eléctrico, los actores políticos mueven sus piezas. Unos en búsqueda de su aprobación, otros con el anhelo de detenerla. Aunque a estas alturas de la partida no queda claro cuál de los bandos – si el gobierno y su colación legislativa, por un lado, o la alianza opositora por el otro – tiene más posibilidades de alcanzar su cometido, lo cierto es que desde ambos lados del tablero se afilan navajas y envían mensajes que demuestran que lo que está en juego es mucho más que un cambio de reglas en el sector.



La semana pasada diputados de Morena perfilaron iniciar el debate de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, con la perspectiva de terminar todos los procesos legislativos en abril de 2022. Los líderes parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicaron, en este contexto, que actualmente la prioridad en la agenda legislativa es sacar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.



A este respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, dijo que su bancada junto con las del PT y PVEM, las cuales aglutinan en total a 277 legisladores, se comprometieron a concluir el proceso de la reforma eléctrica constitucional a más tardar el 15 de abril del próximo año. Este compromiso, de acuerdo con el diputado Mier, significa que la iniciativa para reformar la Constitución se procese completamente tanto en el Senado como en los congresos locales de las 32 entidades federativas durante la primera mitad del próximo año.



Frente a lo anunciado por Morena y sus aliados, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, manifestó su desacuerdo con respecto a que la discusión de la reforma eléctrica que plantea el Ejecutivo se lleve al segundo periodo ordinario de sesiones, el cual por ley no puede prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. El legislador priísta alertó que la discusión de la reforma eléctrica en el primer semestre de 2022 podría contaminarse por eventos políticos particulares, como la revocación de mandato o las elecciones estatales. 



Dentro del sinnúmero de posturas y mensajes que cruzan los actores políticos, sobresale lo expresado por el líder de la mayoría parlamentaria en el Senado, Ricardo Monreal. Si bien el senador permanece distante de los afectos presidenciales, es reconocido como el operador más eficiente que López Obrador tiene en el Congreso. Por lo mismo, debe tomarse en consideración el guiño que Monreal les hizo a los opositores cuando la semana pasada habló de que la iniciativa podría mejorarse con la participación de inversionistas y empresarios.



A propósito de la posibilidad de que el planteamiento de reforma al sector eléctrico se enriquezca, hoy no se observa que el ala dura de la Cuarta Transformación esté muy dispuesta a realizar concesiones a los opositores. Aun cuando el gobierno y su coalición legislativa necesitan del apoyo de algunos legisladores de oposición para lograr que la iniciativa constitucional se apruebe, parece que le apuestan más a que la popularidad de López Obrador y la agenda política del 2022 orille a ciertos legisladores, principalmente del PRI, a alinearse a los designios del presidente.



Desde este panorama, para el gobierno y sus huestes resultará fundamental que la iniciativa tenga el respaldo social. En la medida en que una mayoría de mexicanas y mexicanos apoyen el planteamiento del Ejecutivo, como lo reveló una reciente encuesta nacional del periódico El Financiero, Morena y sus aliados podrán apretar a su contraparte en las discusiones legislativas.



Algo, por cierto, que resultaría en perjuicio de la industria eléctrica y del futuro económico del país.



Las piezas que permanecen en el tablero, sin embargo, sugieren que la historia está lejos de escribirse. En tal respecto, recientemente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo un par de actividades estratégicas que deben entenderse como mensajes claros que incidirán en el proceso de discusión de la reforma eléctrica.



La primera de ellas está relacionada con reuniones entre el embajador Salazar y el gobierno de México para expresar las preocupaciones del gobierno norteamericano con respecto al planteamiento de reforma eléctrica. La segunda tiene que ver con un encuentro que el diplomático tuvo con líderes del sector eléctrico, los cuales le contaron de primera mano sobre su trabajo para brindar energía limpia, asequible y confiable a México.



El embajador de Estados Unidos en México no es el único que está mandando mensajes de preocupación. Existen otros actores que, desde distintas trincheras y con argumentos sólidos, alertan constantemente de los costos que implicaría la aprobación de la propuesta de reforma al sector eléctrico del presidente López Obrador. Estos últimos, en mi opinión, son los actores que pueden mover el fiel de la balanza en uno u otro sentido.



Valdrá la pena que sean escuchadas y escuchados en los debates que se organizarán dentro del contexto de parlamento abierto que organizará próximamente el Congreso. Tengo la certeza de que la industria eléctrica y el país entero se verán beneficiados con su voz.



Te puede interesar: <a href="https://editorial.fortunaypoder.com/arturo-carranza-guereca/reforma-electrica-la-discusion/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reforma eléctrica: la discusión</a>



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Reforma eléctrica: los mensajes

En las últimas dos semanas la reforma eléctrica se ha discutido con mucho entusiasmo. El tema no solo ha estado presente en las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o en las redes sociales. También se analiza en medios impresos, radio y televisión. En la discusión, por cierto, muchas veces lo que más reluce es la estridencia. 



En este contexto, llama la atención el papel que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha asumido desde que se presentó la iniciativa de reforma constitucional. La aún Empresa Productiva del Estado ha pagado importantes espacios en medios de comunicación para promocionar la propuesta de reforma del Ejecutivo. Su trabajo no ha parado ahí: el viernes pasado sus directivos dedicaron más de tres horas para hablar ante medios de lo que, desde su perspectiva, significa este planteamiento.



En esta maraña de información, dos puntos despuntan del resto. El primero tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno y su coalición legislativa puedan estar dispuestos a negociar algunos aspectos de la iniciativa. El segundo está relacionado con la probabilidad de que la iniciativa de reforma presentado por el presidente no se apruebe en el Congreso. &nbsp;



Sobre lo primero, se reconoce que hay temas donde parecería que el gobierno no está dispuesto a ceder. Uno de ellos, quizá el más importante, es el de la operación del mercado eléctrico. En este sentido, el gobierno ha sido particularmente crítico respecto de los contratos legados y ha sido enfático en su intención de cancelarlos.



Otro tema en donde no se observa una posible negociación es en el asunto del litio. La propuesta de hacer de la explotación de este mineral un área estratégica del Estado parecería responder a un deseo de enfatizar el anhelo nacionalista de esta administración. La visión del presidente que se enmarca en la iniciativa es muy clara al respecto: el Estado ha sido la institución indispensable para garantizar los intereses de la Nación.&nbsp;



Existen otros temas donde sí se observa la posibilidad de que el gobierno y los legisladores afines a la Cuarta Transformación puedan estar dispuestos a negociar. En este respecto, la forma en que la propuesta aborda el tema de la transición energética podría ser susceptible de negociaciones y mejoras, sobre todo si se toma en cuenta el desdén que este asunto ha tenido en la agenda de las autoridades energéticas. Por ello, lo mejor para el futuro del país sería que se eliminará la propuesta de que sea la CFE la responsable de ejecutar la transición energética en materia de electricidad.&nbsp;



Un asunto que no se ha discutido lo suficiente es el cambio de la figura de la CFE planteado en la iniciativa presidencial. Hace algunos días el expresidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Eduardo Pérez Mota, explicó que de aprobarse la reforma, el órgano encargado de la competencia ya no podría regular las actividades de la empresa. Algunos comentarios expresados el viernes pasado por del director de la CFE, Manuel Bartlett, parecerían reforzar los argumentos del experto en materia de competencia.



En todo caso, la conversación legal pronto empezará a enfilarse hacia el Congreso.&nbsp; Ante este irreductible hecho, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha demandado a los servidores públicos de la CFE que se abstengan de opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo.&nbsp;



Más allá de la dureza de su comentario, no sorprende la solicitud del senador. En los tiempos políticos del momento, lo que se necesita es discutir con la mayor seriedad y la menor estridencia posible un tema tan importante como es el de la reforma eléctrica. Algo, por cierto, que hasta el momento todavía no se ha logrado.



Por ello, creo que es el momento de que los expertos expliquen dónde estamos y a dónde propone el actual gobierno mover al Sector Energético. El talento que muestren los especialistas técnicos y los legisladores podría definir el rumbo de la reforma eléctrica en el Congreso y el futuro de nuestro país. &nbsp;



Te puede interesar: <a href="https://editorial.fortunaypoder.com/arturo-carranza-guereca/reforma-electrica-el-contexto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reforma eléctrica: el contexto</a>



Por&nbsp;Arturo Carranza Guereca&nbsp;



Sígueme en Twitter:&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/Art_Carranza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@Art_Carranza</a>

Reforma eléctrica: la discusión

Es director de proyectos de energía en Akza Consultores. Se desempeñó como asesor principal para un consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue socio consultor en Solana Consultores, donde apoyó al presidente de la firma en la instrumentación de estrategias de negocio en las industrias del petróleo y de la electricidad. Trabajó como jefe de la Oficina de Presidencia en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en administración pública en INAP. 

Participa en espacios estratégicos de medios de comunicación, compartiendo su opinión sobre temas de petróleo y gas natural. Escribe cada 15 días su columna “Hablemos de Energía” en el prestigioso portal Fortuna y Poder. Es miembro fundador del colectivo #WeTweetEnergy, iniciativa que fomenta el diálogo responsable en redes sociales sobre temas energéticos.

Arturo Carranza Guereca

Es director de proyectos de energía en Akza Consultores. Se desempeñó como asesor principal para un consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue socio consultor en Solana Consultores, donde apoyó al presidente de la firma en la instrumentación de estrategias de negocio en las industrias del petróleo y de la electricidad. Trabajó como jefe de la Oficina de Presidencia en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y como consultor de Mercury LLC. Estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en administración pública en INAP. Participa en espacios estratégicos de medios de comunicación, compartiendo su opinión sobre temas de petróleo y gas natural. Es miembro fundador del colectivo #WeTweetEnergy, iniciativa que fomenta el diálogo responsable en redes sociales sobre temas energéticos.

Arturo Carranza Guereca, autor en Fortuna y Poder

Portada

Archivo de Arturo Carranza Guereca

Fortuna y Poder

https://cdn.fortunaypoder.com/2017/08/logo_navi.png

Es director de proyectos de energía en Akza Consultores. Se desempeñó como asesor principal para un consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue socio consultor en Solana Consultores, donde apoyó al presidente de la firma en la instrumentación de estrategias de negocio en las industrias del petróleo y de la electricidad. Trabajó como jefe de la Oficina de Presidencia en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en administración pública en INAP. Participa en espacios estratégicos de medios de comunicación, compartiendo su opinión sobre temas de petróleo y gas natural. Escribe cada 15 días su columna “Hablemos de Energía” en el prestigioso portal Fortuna y Poder. Es miembro fundador del colectivo #WeTweetEnergy, iniciativa que fomenta el diálogo responsable en redes sociales sobre temas energéticos.

Arturo Carranza Guereca

Artículos por Arturo Carranza Guereca

Lo más visto

Minuto a Minuto