Eventos políticos sucedidos en los últimos días invitan a reflexionar sobre el destino de la reforma eléctrica. La reunión de algunos líderes del PAN con el secretario de Gobernación y el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores del país sugieren que la iniciativa constitucional podría avanzar en el Congreso, a pesar de que su contenido resulta desfavorable para el sector energético en su conjunto.

Todavía no está claro si las distintas fuerzas políticas tendrán la disposición y el talento suficientes para construir los consensos necesarios para que la reforma eléctrica se discuta en la primera mitad del próximo año. En todo caso, vale la pena señalar que en la medida este tema no se resuelva, es decir, que no exista claridad con respecto a la aprobación o al rechazo de la propia iniciativa, prevalecerá la incertidumbre ante la posibilidad de que las reglas del juego cambien. 

El desconcierto que reina en la actualidad es entendible: el planteamiento para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales es extraordinariamente amplio y ambicioso. Se trata de un paradigma que trasciende al sector y que tiene que ver con la forma en que se concibe el futuro de México.

Uno de los puntos medulares de esta reforma es que sienta las bases de un nuevo sistema eléctrico, en el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría la responsabilidad de generar el 54% de la energía que se consume en México y donde las empresas privadas se encargarían de generar el 46% restante. Actualmente, según cifras de la CFE, los privados tenían una participación del 62% del mercado eléctrico y la empresa productiva del Estado participaba con el 38% restante.

Para lograr lo anterior, se ha propuesto cambiar los criterios que se utilizan para subir a la red eléctrica la energía eléctrica que se genera en México. Las modificaciones al despacho eléctrico significarían darle prioridad a la energía eléctrica de la CFE, 62% de la cual proviene de combustibles fósiles, y dejar en segundo plano la energía eléctrica que generan las empresas privadas.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo que se desprende de la iniciativa de reforma eléctrica, la CFE sería la única responsable de garantizar el suministro confiable y seguro de energía eléctrica. Esto no es un reto minúsculo, sobre todo si se considera que, con la reactivación económica, se espera un incremento en la demanda eléctrica en nuestro país.  De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), entre 2021 y 2035 la demanda de electricidad en México crecerá en promedio 3%.

Para cubrir este incremento, la todavía empresa productiva del Estado tendría que cumplir – en tiempo y forma – con su programa de ampliación de generación eléctrica, que inicialmente contempló la construcción de seis centrales de ciclo combinado y que posteriormente se amplió con la inclusión de otras centrales eléctricas, entre las que se encuentra un nuevo parque solar en Sonora. No está de más decir que en los últimos tres años la CFE no ha construido un nuevo Megawatt que pueda emplearse para satisfacer el aumento esperado de la demanda eléctrica.

El reto para esta empresa productiva del Estado no solo está del lado de la generación eléctrica. También tiene que ver con el fortalecimiento y ampliación de la red eléctrica. Si nuestro país aspira a contar con energía eléctrica confiable y segura, la CFE deberá acelerar la modernización de las redes de transmisión y distribución para llevar a los centros de consumo un mayor volumen de energía eléctrica.

Este es un desafío impostergable y con beneficios tangibles. En la medida en que se fortalezca y amplíe la red nacional eléctrica, la energía que se genera con fuentes renovables tendrá una mayor oportunidad de subirse a la red eléctrica. Con ello, no solo estaremos diversificando nuestra matriz energética, también estaremos caminando en el sentido correcto con respecto a la descarbonización de nuestras actividades económicas.

Hay otros temas que se contemplan en la reforma eléctrica que bien valdría la pena que los legisladores y la sociedad discutamos con seriedad. En este sentido, permanece latente la pertinencia de modificar la forma en que se plantean dos asuntos particulares: los órganos reguladores en materia energética y la transición energética.

Sobre el primer punto, la existencia de órganos reguladores autónomos es determinante para mantener el buen desempeño de un mercado, como el eléctrico, que cuenta con la participación de un importante número de empresas. En cuanto a la transición energética, a diferencia de lo que plantea la iniciativa, este es un proceso complejo en el que deben participen de manera activa la CFE, las empresas privadas, los órganos reguladores, las instituciones bancarias y, principalmente, las y los ciudadanos. Solo así podremos acelerar nuestro camino a la descarbonización de las actividades económicas.

A manera de que conclusión hay que señalar que, si bien el diálogo entre las distintas fuerzas políticas asoma cabeza, resulta pertinente mantener las expectativas ancladas y reconocer la permanencia de dos realidades que difícilmente cambiarán. Una de ellas está asociada con la postura del presidente López Obrador en materia energética y con la forma en que gobierna, lo que resulta en el principal escollo para discutir y negociar la reforma eléctrica. La segunda está vinculada con las presiones que desde el exterior se han escuchado con respecto a este tema. Aun cuando el gobierno no lo reconozca, estas presiones han sido útiles, en alguna u otra medida, para moderar el discurso y los ánimos de algunas autoridades responsables de promover la reforma eléctrica.

Lo que hay, a final de cuentas, es un ambiente político menos tenso que facilitará la discusión de una de las reformas más importantes para la Cuarta Transformación.

Por Arturo Carranza Guereca 

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