La Cámara de Diputados fijó las reglas para discutir la reforma eléctrica del Ejecutivo. A partir de este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se reunirán para elaborar y aprobar un dictamen que deberá ser votado en el Pleno de la Cámara baja, donde necesitará del consentimiento de al menos dos terceras partes de las y los diputados para que sea aprobado.

Considerando la dinámica de estos eventos y las repercusiones que tendrán para el sector energético y para el futuro de México, resulta útil realizar un análisis prospectivo que ofrezca un poco de más claridad sobre el proceso de discusión de la iniciativa constitucional y sobre su desenlace en la Cámara de Diputados. En vista de que es imposible desayunar con el futuro para saber con exactitud qué ocurrirá, lo que a continuación se propone es partir de dos premisas irrefutables para, posteriormente, perfilar una conclusión.

La primera premisa tiene que ver con el hecho de que, en cuestiones políticas, no existe nada escrito sobre piedra. Esto significa que las posturas de los partidos políticos representados en el Congreso, inclusive la del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden variar de un día a otro, conforme se vayan presentando los acontecimientos. No hay que olvidar que en torno a la reforma eléctrica hay grandes y muy diversos intereses que responden, de la misma forma, a una multiplicidad de componentes. 

La segunda premisa está vinculada con los votos que necesita la coalición legislativa del mandatario para sacar adelante la reforma eléctrica en la Cámara baja. En este sentido, Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) actualmente cuentan con 277 diputados, lo que significa que requerirían del apoyo de al menos 55 legisladores más – probablemente de Movimiento Ciudadano y del PRI – para poder alcanzar los 332 votos necesarios para avanzar la iniciativa constitucional. Esto obliga a los oficialistas a negociar u otorgar alguna concesión política para lograr la mayoría calificada y la aprobación de la reforma.

Por lo pronto, el hecho de que la elaboración y aprobación del dictamen – primer trámite legislativo para sancionar la iniciativa constitucional – requiera tan solo de la mitad más uno de los legisladores que integran cada una de las comisiones (requisito que cumple la coalición legislativa del Ejecutivo), permite suponer que la resolución que se vote en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía no contemplará modificaciones – al menos no sustanciales – con respecto al planteamiento del Ejecutivo. Puesto que las reglas acordadas para discutir la iniciativa constitucional establecen que cualquier reserva que impugne el contenido del dictamen se votará en el Pleno, es probable que las y los diputados de Morena, junto con sus aliados, busquen llevar la verdadera discusión y negociación al espacio que se abrirá entre el momento en que el dictamen se apruebe en comisiones y el día en que se lleve al Pleno.

Considerando que Morena ha expresado públicamente su interés en que el dictamen se vote en abril, cosa a la que el PRI se opone actualmente, se observa que las concesiones de los oficialistas deberán ir más allá de hacer del acceso a las celdas solares un derecho humano y de la transición energética en el sector eléctrico una responsabilidad del Estado mexicano. En pocas palabras, la coalición legislativa que defiende los intereses de López Obrador deberá mostrar más que una zanahoria si es que quiere que el dictamen se vote pronto.

Quizá los cálculos políticos de Morena en la Cámara de Diputados solo se limiten a hacer del tema eléctrico un componente que aumente la crispación social y que nutra el discurso de la Cuarta Transformación de cara a la revocación de mandato, que se celebrará el próximo 10 de abril. En este caso, los partidos de oposición deberán esperar pocas concesiones de los oficialistas y los inversionistas deberán aguardar a que transcurran las elecciones del 5 de junio para que la reforma eléctrica se procese en la Cámara Baja.

El desenlace de la iniciativa constitucional del Ejecutivo dependerá, también, de si la Corte avala los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que el Congreso aprobó en marzo de 2021. Si en los primeros días de abril los ministros declaran constitucionales los cambios a la ley secundaria, el presidente tendría argumentos políticos para detener la reforma constitucional.

En todos estos sucesos, no podemos pasar de largo la postura del gobierno de Estados Unidos con respecto a la iniciativa de López Obrador. Recientemente la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reiteró las preocupaciones que la administración Biden tiene por las acciones que el gobierno de México ha tomado en materia energética. En este escenario, independientemente de que la reforma eléctrica se vote en abril o después de las elecciones de junio, es previsible que el gobierno estadounidense continúe presionando para que el planteamiento del Ejecutivo se matice de suerte tal que no represente un riesgo en materia ambiental ni para los inversionistas de Estados Unidos.

Lejos de que esto sea algo negativo, el presidente López Obrador y su colación legislativa harían bien en atender estas inquietudes. No solo para evitar conflictos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), sino para estar mejor posicionados, como región, frente a los retos tan fabulosos que se están gestando desde ahora en el sector energético global y para los que nuestro país aún no está preparado.

Por Arturo Carranza Guereca 

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