En las últimas dos semanas la reforma eléctrica se ha discutido con mucho entusiasmo. El tema no solo ha estado presente en las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o en las redes sociales. También se analiza en medios impresos, radio y televisión. En la discusión, por cierto, muchas veces lo que más reluce es la estridencia.
En este contexto, llama la atención el papel que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha asumido desde que se presentó la iniciativa de reforma constitucional. La aún Empresa Productiva del Estado ha pagado importantes espacios en medios de comunicación para promocionar la propuesta de reforma del Ejecutivo. Su trabajo no ha parado ahí: el viernes pasado sus directivos dedicaron más de tres horas para hablar ante medios de lo que, desde su perspectiva, significa este planteamiento.
En esta maraña de información, dos puntos despuntan del resto. El primero tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno y su coalición legislativa puedan estar dispuestos a negociar algunos aspectos de la iniciativa. El segundo está relacionado con la probabilidad de que la iniciativa de reforma presentado por el presidente no se apruebe en el Congreso.
Sobre lo primero, se reconoce que hay temas donde parecería que el gobierno no está dispuesto a ceder. Uno de ellos, quizá el más importante, es el de la operación del mercado eléctrico. En este sentido, el gobierno ha sido particularmente crítico respecto de los contratos legados y ha sido enfático en su intención de cancelarlos.
Otro tema en donde no se observa una posible negociación es en el asunto del litio. La propuesta de hacer de la explotación de este mineral un área estratégica del Estado parecería responder a un deseo de enfatizar el anhelo nacionalista de esta administración. La visión del presidente que se enmarca en la iniciativa es muy clara al respecto: el Estado ha sido la institución indispensable para garantizar los intereses de la Nación.
Existen otros temas donde sí se observa la posibilidad de que el gobierno y los legisladores afines a la Cuarta Transformación puedan estar dispuestos a negociar. En este respecto, la forma en que la propuesta aborda el tema de la transición energética podría ser susceptible de negociaciones y mejoras, sobre todo si se toma en cuenta el desdén que este asunto ha tenido en la agenda de las autoridades energéticas. Por ello, lo mejor para el futuro del país sería que se eliminará la propuesta de que sea la CFE la responsable de ejecutar la transición energética en materia de electricidad.
Un asunto que no se ha discutido lo suficiente es el cambio de la figura de la CFE planteado en la iniciativa presidencial. Hace algunos días el expresidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Eduardo Pérez Mota, explicó que de aprobarse la reforma, el órgano encargado de la competencia ya no podría regular las actividades de la empresa. Algunos comentarios expresados el viernes pasado por del director de la CFE, Manuel Bartlett, parecerían reforzar los argumentos del experto en materia de competencia.
En todo caso, la conversación legal pronto empezará a enfilarse hacia el Congreso. Ante este irreductible hecho, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha demandado a los servidores públicos de la CFE que se abstengan de opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo.
Más allá de la dureza de su comentario, no sorprende la solicitud del senador. En los tiempos políticos del momento, lo que se necesita es discutir con la mayor seriedad y la menor estridencia posible un tema tan importante como es el de la reforma eléctrica. Algo, por cierto, que hasta el momento todavía no se ha logrado.
Por ello, creo que es el momento de que los expertos expliquen dónde estamos y a dónde propone el actual gobierno mover al Sector Energético. El talento que muestren los especialistas técnicos y los legisladores podría definir el rumbo de la reforma eléctrica en el Congreso y el futuro de nuestro país.
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Por Arturo Carranza Guereca
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