La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que prohíbe a quienes ocupen la Presidencia de la República, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ostentar o adquirir otra nacionalidad adicional a la mexicana, una medida que surtirá efectos a partir de 2028.

El pleno respaldó el dictamen con una votación de 344 sufragios a favor de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morea), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), frente a 116 votos en contra de las bancadas opositoras y una abstención.

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Tras la votación en lo general, la sesión continuó en la Cámara de Diputados para desahogar las reservas y realizar la votación en lo particular.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política. Con estos ajustes, los presidentes de la República y los gobernadores de las entidades federativas deberán ser mexicanos por nacimiento, hijos de padres mexicanos y no tener otra nacionalidad.

En caso de que sí tengan otra nacionalidad, los aspirantes a ocupar dichos cargos públicos deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro oficial como candidatos y de hacer campaña político.

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Asimismo, se prohíbe el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países y la solicitud de protección diplomática de un país extranjero.

La legislación establece que la norma no actuará con efecto retroactivo, por lo que se libra de cualquier sanción o remoción a los mandatarios que actualmente desempeñan sus cargos y poseen doble nacionalidad.

De igual forma, la prohibición no regirá para las elecciones del próximo año, periodo en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, la Cámara de Diputados federal y varios cargos locales.

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En el debate en tribuna, diputados de la oposición recriminaron al bloque oficialista que la reforma contiene “dedicatorias” para frenar las aspiraciones presidenciales —rumbo a 2030— de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y del empresario Ricardo Salinas Pliego, debido a que ambos tienen nacionalidad mexicana y estadounidense y expresaron su intención de competir por la Presidencia de la República.

Asimismo, los diputados de la oposición expusieron que el candado también afectará a políticos del oficialismo, como el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien desde hace varios años ha figurado entre los perfiles presidenciables.

En la defensa del dictamen, los legisladores de la coalición gobernante explicaron que la exigencia de una sola ciudadanía constituye un acto de seguridad nacional, para defender la soberanía del país frente a riesgos de injerencia extranjera y los conflictos de interés que pudieran tener los mandatarios de doble nacionalidad.

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En contraste, las bancadas de oposición dijeron que la reforma atenta contra los derechos de los connacionales que residen en el extranjero, como los “paisanos” mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que envían remesas a sus familiares.

Tras concluir la etapa de debate y dictaminación en la Cámara de Diputados, el dictamen será turnado a la Cámara de Senadores para continuar su trámite legislativo.

GC