Comerciantes y transportistas acordaron con el Gobierno federal reforzar la seguridad en las carreteras y establecer mecanismos de coordinación para combatir la extorsión y los abusos de autoridad, además de mejorar la atención de denuncias y agilizar la liberación de unidades involucradas en hechos delictivos.
En un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), precisó que los compromisos se establecieron durante una mesa de trabajo realizada en la Secretaría de Gobernación, en la que participaron sus representantes, así como integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otros organismos del sector.
Entre los acuerdos destaca el fortalecimiento de la coordinación con las fiscalías estatales para establecer criterios comunes que permitan agilizar la liberación de unidades involucradas en hechos delictivos, así como avanzar en una estrategia conjunta contra la extorsión y los abusos de autoridad, mediante mecanismos que faciliten la presentación de denuncias y el seguimiento de cada caso.
Durante el encuentro, las organizaciones también plantearon reforzar los operativos de seguridad y habilitar canales directos de comunicación con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR), adicionales a los mecanismos de colaboración existentes con la Guardia Nacional.
A estos compromisos se suma el análisis del uso de herramientas tecnológicas para prevenir e identificar delitos, así como mejorar la protección de los operadores y sus unidades.
La coordinación entre ambos sectores responde a la relación que existe entre el autotransporte de carga y la actividad comercial, debido a que los transportistas trasladan las mercancías que abastecen a los negocios familiares de todo el país.
Por lo anterior, cuando un operador enfrenta un robo o una extorsión, además del riesgo para su vida, se interrumpe una entrega de la que dependen comercios, proveedores y familias.
Por parte de Concanaco, la agenda contra la extorsión forma parte de un trabajo que la Confederación impulsa desde hace varios años mediante mesas con autoridades y representantes de los sectores comercio, servicios y turismo, con el propósito de documentar casos, facilitar las denuncias y exigir atención institucional.
Como parte de estos esfuerzos, el organismo contribuyó al impulso de la ley contra la extorsión y promueve el Pacto contra la Extorsión, cuya ruta territorial comenzó en Tijuana y que se ha firmado en 22 entidades federativas.
Cabe mencionar que dicha iniciativa se impulsa junto con la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 y busca fortalecer la coordinación entre autoridades y sectores productivos para prevenir el delito, atender a las víctimas y dar seguimiento a las denuncias en cada entidad.
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