La incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debilita la certidumbre jurídica para las empresas y para los contribuyentes en general, advirtió Banco BASE.

En un análisis, la institución financiera alertó que esta modificación implicaría la eliminación de la autonomía de la Prodecon, situación que representa “un evidente conflicto de interés, ya que el defensor del ciudadano formará parte del mismo gobierno que recauda los impuestos”.

Asimismo, expuso que “esto reduce drásticamente la imparcialidad del organismo, debilita la certidumbre jurídica para las empresas y eleva el riesgo operativo para los contribuyentes, quienes pierden el respaldo de un mediador neutral e independiente frente a las auditorías y actos del Servicio de Administración Tributaria”.

De acuerdo con Banco BASE, este tipo de decisiones debilita el Estado de derecho y la gobernanza, elementos que influyen en las decisiones de inversión y en el desempeño de la actividad económica.

La Prodecon fue creada en 2006 como un organismo público descentralizado y, de manera fundamental, no sectorizado, figura jurídica que le otorgaba independencia técnica y de gestión frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Bajo este esquema, el organismo ha operado como un árbitro neutral entre los contribuyentes y la autoridad fiscal, destacando mecanismos como los acuerdos conclusivos, que permiten solucionar auditorías complejas sin necesidad de acudir a instancias judiciales.

No obstante, a principios de mayo de 2026, el Gobierno federal presentó el programa “Plan México: Acciones Inmediatas para su Inversión”, un paquete de reformas que contempla la sectorización de la Prodecon para que quede bajo la coordinación de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La propuesta fue presentada en el marco del Plan México, estrategia con la que la administración de Claudia Sheinbaum busca atraer y consolidar inversiones. De aprobarse, la Procuraduría quedaría bajo la coordinación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con lo que perdería su autonomía técnica.

Banco BASE consideró que la medida representa una modificación estructural en el esquema de fiscalización del país. La postura de la institución se suma a las preocupaciones expresadas por la Coparmex y la Canacintra, que han cuestionado los efectos de la centralización sobre los contrapesos institucionales y la gobernanza económica.

er