El Gobierno de México obtuvo una resolución a su favor en el arbitraje internacional promovido por Silver Bull Resources ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.
Con este fallo, el país evitó el pago de 315 millones de dólares que la empresa estadounidense había reclamado en 2023, al señalar un supuesto bloqueo a un proyecto minero.
Silver Bull sostuvo que, a través de su filial Minera Metalín, adquirió entre 1996 y 2002 diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, e indicó que desde septiembre de 2019 una cooperativa minera local, presuntamente con apoyo de autoridades locales, habría impedido el desarrollo del proyecto.
En contraste, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable ante el conflicto social generado por la propia operación de Silver Bull con habitantes de Sierra Mojada.
También señaló que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que la empresa no contaba con la capacidad técnica ni financiera necesaria para desarrollar el proyecto.
El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad a favor de México.
En su decisión, el Tribunal rechazó la acusación de que el Estado mexicano hubiera promovido el bloqueo del proyecto. Además, determinó que no tenía competencia para conocer el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull.
El Tribunal también concluyó que los hechos invocados ocurrieron fuera del periodo que podía ser analizado bajo el TLCAN.
Asimismo, ordenó a Silver Bull el reembolso a México de una cantidad relevante por concepto de costos y gastos del arbitraje.
“Con esto, el Estado mexicano logró una victoria sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no eran atribuibles al Estado mexicano”, destacó la Secretaría de Economía.
México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
Actualmente, el laudo se encuentra en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido este proceso, será publicado en el sitio del CIADI para su consulta.
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