Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, hizo una exposición sobre la red de contrataciones públicas amañadas identificada en el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que destacan los empresarios Hernández Casillas como los proveedores más favorecidos en los concursos de compras para la papelería y el material electoral.
Como se ha informado en la prensa, José Alfredo Hernández tenía una relación personal con Guadalupe Taddei Zavala, quien hace más de una semana renunció a la Presidencia del INE, en medio del escándalo de corrupción por las presuntas contrataciones públicas amañadas y los conflictos de interés en el organismo.
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En la conferencia matutina de Presidencia de la República, Raquel Buenrsotro trató de explicar la forma de operar de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, con una clara intención de deslindar al oficialismo de estos personajes, al insistir en que sus actividades comenzaron antes de que Movimiento de Regeneración Electoral (Morena) llegara al poder en 2018.
Tras su paso por la administración pública en la década de 1990, los hermanos Hernández Casillas constituyeron una serie de compañías que, tras la reforma electoral de 2014, comenzaron a obtener contratos en los estados y consolidaron un dominio sobre las licitaciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople) y del propio INE.
A partir de 2015 y hasta 2023, la red integrada por empresas como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG obtuvo adjudicaciones por un monto de 2,094 millones de pesos (mdp) a través de convenios firmados con 22 de los 32 órganos electorales estatales.
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En el periodo de 2024 a 2025, la misma estructura empresarial ganó asignaciones adicionales por 646.3 mdp mediante contrataciones celebradas con 15 ople.
Raquel Buenrostro expuso que los contratistas operaban mediante esquemas de empresas fachada que simulaban competencia en las licitaciones públicas.
Dichas razones sociales carecían de infraestructura propia o plantilla laboral y recurrían al uso de prestanombres —incluidos ancianos y jóvenes menores de edad— para ocultar a los beneficiarios finales de los pagos con presupuesto público.
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Tres de las empresas implicadas enfrentan actualmente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables conductas delictivas.
Ante estos hallazgos, Raquel Buenrostro recodó que las dependencias federales avanzan en la fiscalización del gasto histórico y el rastreo de movimientos financieros irregulares, con el objeto de deslindar responsabilidades.
Por un lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga todo lo relacionado con los contratos del INE y sus beneficiarios, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga los movimientos de dinero, para identificar posibles delitos de lavado de dinero, la emisión de facturas falsas y en genera delitos de tipo financiero.
GC
