El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que durante 2026 llevará a cabo auditorías a aproximadamente 16,200 contribuyentes, de los cuales 1,200 corresponden a grandes contribuyentes.

En un comunicado, el SAT precisó que el universo total de contribuyentes en México asciende a 66,825,304 personas, entre físicas y morales, y que sólo 0.02% de este total será revisado el próximo año.

Actualmente, existen 15,873 grandes contribuyentes en el país, pero únicamente 6.3% serán objeto de inspección.

En cuanto a los pequeños y medianos contribuyentes, el SAT informó que suman 66,809,431 personas, de las cuales se auditarán 12,000, es decir, 0.02 por ciento.

Para el sector de comercio exterior, se proyectan 3,000 auditorías de un universo de 116,467 contribuyentes, lo que representa 2.5% del total de este segmento.

Según el SAT, estas acciones forman parte de una estrategia de “transparencia proactiva”, orientada a “establecer un piso parejo en el cobro de las contribuciones” y ofrecer certidumbre jurídica a los contribuyentes.

La autoridad fiscal aclaró que únicamente audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras.

Entre los supuestos que motivan las auditorías destacan:

  • Celebran operaciones con factureras o nomineras.
  • Presentan pérdidas fiscales recurrentes.
  • Simulan o abusan de deducciones.
  • Obtienen ingresos que no son declarados.
  • Abusan de estímulos fiscales.
  • Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
  • Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
  • No pagan retenciones por sus empleados.
  • Realizan operaciones con paraísos fiscales.
  • Solicitan devoluciones improcedentes.
  • Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
  • Criterios de selección y número de auditorías

Finalmente, el SAT indicó que, a partir de la identificación de dichas conductas, se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo.

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