El Pleno del Senado de la República aprobó las reformas constitucionales que obligan a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana, por lo que las personas con una nacionalidad adicional deberán renunciar a ella de manera formal.
El dictamen fue avalado por mayoría calificada con 86 votos a favor, aportados por las bancadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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En contraste, las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) juntaron 42 votos en contra, sumados a la negativa de un legislador del PVEM.
Al haber sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada por el presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, a los congresos locales para continuar con el proceso legislativo, donde requerirá la ratificación de al menos 17 congresos estatales.
📌 El Senado aprobó establecer en la Constitución que quienes aspiren a encabezar poderes ejecutivos solo cuenten con la nacionalidad mexicana. pic.twitter.com/iN34eNfFWD
— Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026
La enmienda modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fijar como requisito indispensable que todo aspirante a encabezar la Presidencia de la República, a alguna gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sea mexicano por nacimiento y no posea ni adquiera otra nacionalidad.
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Esta medida entrará en vigor hasta 2028, por lo que en el proceso electoral del próximo año —se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal y diversos cargos públicos del orden local— todavía podrán competir candidatos con otra nacionalidad distinta a la mexicana.
Para los ciudadanos que tengan una segunda ciudadanía, la norma dispone la renuncia previa ante las autoridades correspondientes desde el momento en que soliciten su registro oficial como candidatos.
La disposición limita esta exigencia exclusivamente al Poder Ejecutivo federal y de las 32 entidades federativas del país, por lo que se mantiene intacto el reconocimiento de la doble nacionalidad para el resto de la población y para participar en otros cargos públicos como Presidencias Municipales, diputados o senadores.
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El proyecto fue elaborado originalmente por la Presidencia de la República en un contexto de constantes diferendos y tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos en materia de seguridad pública, políticas migratorias y comercio bilateral, así como ante el reclamo de no permitir injerencias extranjeras en la vida política del país.
En el debate en la sesión del Senado, los partidos de oposición rechazaron la reforma con el argumento de que vulnera los derechos políticos de millones de connacionales y crea dos categorías de ciudadanos en la Constitución.
Los legisladores opositores también dijeron que condicionar el registro electoral a la renuncia de otra nacionalidad coloca trabas administrativas, estigmatiza a la comunidad migrante y a sus familias binacionales como sospechosas de deslealtad y restringe el derecho a ser votado de quienes construyeron su vida entre México y el extranjero.
GC
