El Senado de la República dio luz verde a la reforma de la Ley de Inversión Extranjera, con la que se busca fortalecer la revisión de operaciones de adquisición mediante capital extranjero cuando puedan representar riesgos o amenazas para la seguridad nacional.

El dictamen fue aprobado en lo particular con 65 votos a favor y 28 en contra, después de que en lo general obtuviera 65 votos a favor y 30 en contra.

La propuesta fue enviada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo y fue remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Uno de los cambios contempla modificar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que incorporará a las personas titulares de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

Cuando la Comisión revise asuntos vinculados con seguridad nacional, tendrán participación permanente, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El proyecto también contempla la posibilidad de convocar extraordinariamente a la persona titular de la Presidencia de la República.

Como parte de las nuevas obligaciones de la CNIE, la Comisión tendrá que entregar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional. Asimismo, podrá comparecer ante las comisiones competentes.

La reforma establece además un requisito para determinadas operaciones de inversión extranjera. Cuando existan razones de seguridad nacional, será necesaria una resolución favorable de la CNIE si la inversión extranjera pretende participar, de manera directa o indirecta, con más de 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, siempre que el valor total de sus activos rebase el monto que la propia Comisión determine mediante resolución general.

La medida se aplicará cuando la actividad económica de la sociedad esté relacionada con tecnologías críticas y productos de doble uso, entre las que se encuentran la inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, además de nanotecnologías y biotecnologías.

También quedan comprendidas actividades vinculadas con el suministro de insumos fundamentales, como energía o materias primas, así como la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, particularmente datos personales, o la capacidad para controlar esa información.

En materia de sanciones, el dictamen cambia la referencia al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para determinar las multas previstas en la Ley de Inversión Extranjera.

Así, cuando una sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera su participación accionaria a un inversionista extranjero después de que la Comisión haya rechazado la autorización de la adquisición, o cuando lo haga sin haber obtenido previamente una resolución favorable, la sanción será de cinco mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.

El mismo rango de multa, de cinco mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA, se contempla para quienes incumplan las acciones de mitigación del riesgo establecidas por la Comisión.

Durante la discusión del dictamen, senadores del PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas al proyecto. La asamblea rechazó dichas propuestas y mantuvo el dictamen en sus términos.

er