El gobierno federal ha mantenido una estrecha coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en materia de combate al lavado de dinero y otros delitos financieros vinculados con la actividad criminal trasnacional, de ahí que existen 12 paquetes de designaciones de personas y organizaciones mexicanas como sujetos de preocupación por esa causa.
Entre octubre de 2025 y el 29 de septiembre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— ha recibido 12 designaciones de oficinas del Departamento del Tesoro, comentó Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, en comparencia con diputados federales, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno.
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Dentro de esos señalamientos, el funcionario se refirió sin mencionarlas por su nombre a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— las cuales fueron acusadas en 2025 por el gobierno estadounidense de colaborar con el lavado de dinero, vinculado con el tráfico de drogas ilícitas como el fentanilo.
“El año pasado tuvimos una intervención en algunos intermediarios financieros, pero en todos y en cada uno de los casos siempre ha sido la UIF quien se encarga del liderazgo de las investigaciones”, refirió el funcionario.
Tan solo ayer, el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra 46 personas y empresas vinculadas a Ismael Zambada Sicairos, jefe de la facción de “Los mayos” del Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentran Carlos Alberto Torres Torres —exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda— y Luis Alfonso Torres Torres, hermano de este.
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Ante las agudas preguntas de la oposición sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra organizaciones criminales, delincuentes en específico y personajes cercanos al oficialismo por narcotráfico y lavado de dinero, Édgar Amador trató de devolver el golpe a la oposición al recodar que “Ernesto N” —en referencia Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN)— está acusado en México por presuntos delitos de contrabando de combustibles o “huachicol fiscal”.
Refirió que no todos los casos de este tipo provienen de acusaciones en Estados Unidos, sino también de autoridades mexicanas.
No obstante, Édgar Amador insistió en que “desde el año pasado, ha sido una colaboración muy ágil y muy precisa” —entre la SHCP y el Departamento del Tesoro— pero “exigiendo el respeto a la soberanía” nacional.
GC
