Un total de 4,193 empleados públicos han sido sancionados en lo que va de la presente administración federal, al tiempo que las autoridades han interpuesto 517 denuncias penales por presuntos actos de corrupción y han generado ahorros por 83,800 millones de pesos (mdp) mediante la prevención de irregularidades en licitaciones y obras públicas.
Los datos forman parte del informe presentado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, al detallar el balance de actividades de la dependencia, con motivo del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Del universo de servidores públicos castigados por faltas disciplinarias, 3,528 incurrieron en anomalías clasificadas como no graves, mientras que 665 cometieron faltas graves.
Las conductas detectadas abarcan desde la autorización de pagos indebidos, liquidación de bienes o servicios jamás entregados y compras innecesarias, hasta falsificación de documentos, incrementos patrimoniales no justificados, sustracción de información reservada y acoso sexual.
Para los expedientes de mayor gravedad, la dependencia ha remitido a 1,737 involucrados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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El brazo sancionador de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se extendió también al sector privado. Un total de 286 empresas e intermediarios recibieron castigos por presentar documentación apócrifa en licitaciones, simular experiencia técnica, ocultar conflictos de interés o incumplir contratos con el Estado.
De estas personas morales, 222 resultaron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente sanciones económicas, lo que en conjunto representa un monto de 147.3 mdp.
Denuncias penales y prevención de sobrecostos
Cuando las pesquisas administrativas revelaron posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia acudió a las instancias judiciales.
En este periodo se promovieron 517 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de personal gubernamental, de las cuales 53 ya derivaron en vinculaciones a proceso por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Más allá del ámbito punitivo, la dependencia priorizó la contención preventiva del gasto público para evitar quebrantos a las finanzas públicas de la federación.
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La estrategia de fiscalización previa generó un ahorro proyectado de 83,800 mdp a través de la revisión estricta de procesos de adquisición y el seguimiento operativo en campo.
Específicamente, 42,000 mdp se retuvieron al auditar contratos de obras públicas para impedir estimaciones incorrectas o cobros excesivos; otros 29,000 mdp se redujeron mediante compras consolidadas eficientes; 7,800 mdp correspondieron a la compactación de estructuras administrativas y 4,800 mdp adicionales se derivaron de la cobranza de multas.
Como ejemplo de esta vigilancia técnica, la secretaria destacó una licitación de equipo médico de alta tecnología realizada para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Mediante el acompañamiento preventivo para asegurar una competencia franca entre fabricantes, el Estado obtuvo los insumos requeridos a un precio 46% menor al presupuestado originalmente.
“En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi 84,000 mdp”, dijo Raquel Buenrostro Sánchez.
GC
