La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar los motivos y detalles que derivaron en el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible de presunto origen ilícito, realizado en las instalaciones de la empresa Gas Natural del Noroeste —perteneciente a Grupo SIMSA— en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
En el transcurso del fin de semana, Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República, ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera las investigaciones del caso, expediente iniciado originalmente por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, tras la detención de un vehículo cisterna el pasado 3 de julio.
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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, Sheinbaum Pardo insistió en que corresponde a la autoridad ministerial explicar con toda precisión si existía alguna actividad ilegal en el sitio.
“La Fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, refirió la mandataria.
Verificación de permisos
Ante a las acusaciones sobre la posesión de productos de procedencia presuntamente irregular —práctica denominada como “huachicol”—, la compañía Gas Natural del Noroeste rechazó haber incurrido en anomalías.
Argumentó que opera la terminal de San José Iturbide desde hace nueve años en estricto apego a la ley y con todos los permisos federales vigentes.
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La empresa aclaró que las instalaciones funcionan únicamente como un centro de almacenamiento para terceras empresas. En este sentido, Gas Natural del Noroeste manifestó que no posee la propiedad del combustible y que son sus clientes quienes deben respaldar la legalidad de los petrolíferos depositados en el lugar.
Asimismo, la empresa aseguró haber entregado a las autoridades los expedientes comerciales y la documentación requerida, y manifestó su confianza en que la revisión confirmará la legitimidad de sus operaciones.
Tras la atracción del caso, la FGR deberá investigar la trazabilidad integral de los petrolíferos para determinar la forma en que ingresaron al país, precisar si corresponden a producción nacional o a importaciones, e identificar a las empresas adquirentes y las condiciones comerciales bajo las cuales operaban.
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De esta manera, la Fiscalía tendrá que hacer verificación documental y fiscal sobre el origen del hidrocarburo.
GC
