La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó nuevas reglas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las que aterriza en la práctica las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su reglamento.

Las disposiciones aparecieron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del viernes pasado y plantean un cambio relevante: ya no se aplicará el mismo nivel de control a todas las operaciones, sino que las medidas deberán corresponder al riesgo de cada negocio y cliente.

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Las reglas están dirigidas a quienes realizan las llamadas “actividades vulnerables”, un universo que incluye, entre otros, juegos con apuestas, operaciones con metales y piedras preciosas, joyería, vehículos, inmuebles, obras de arte, préstamos no financieros, arrendamiento de inmuebles, servicios notariales y de corredores públicos, donativos y ciertas operaciones de comercio exterior y activos virtuales. Este padrón lo ha elaborado la SHCP.

El riesgo será la guía

El principal cambio es la incorporación del concepto “enfoque basado en riesgo”. Cada negocio deberá identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes, operaciones, productos, servicios, canales y zonas geográficas. A partir de ese análisis, los clientes o usuarios podrán ubicarse en niveles bajo, medio o alto y recibir controles proporcionales.

Esto significa que una operación considerada de mayor riesgo requerirá más información y vigilancia. En esos casos deberán revisarse con mayor detalle el origen y destino de los recursos, así como las características de las operaciones y las personas involucradas.

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Las nuevas reglas también refuerzan la identificación del “beneficiario controlador”, es decir, la persona física que finalmente obtiene el beneficio de una operación o ejerce el control de una empresa, fideicomiso u otra estructura.

Los sujetos obligados deberán integrar “expedientes únicos de identificación” de sus clientes y usuarios, mantener los datos actualizados y verificables y conservar la documentación de manera segura durante al menos 10 años.

Las “personas políticamente expuestas” tendrán controles específicos. Sin embargo, ocupar o haber ocupado un cargo público no las convierte automáticamente en personas de alto riesgo; esa clasificación dependerá de factores adicionales relacionados con su actividad y comportamiento financiero, refiere el acuerdo publicado por la SHCP.

Más tecnología y controles internos

Las empresas también deberán tener un “Manual de políticas internas” que documente sus procedimientos de identificación, evaluación de riesgos, debida diligencia, controles internos y capacitación.

Además, se incorporan mecanismos automatizados para monitorear operaciones, detectar movimientos inusuales y generar alertas tempranas.

La automatización deberá ajustarse al volumen y complejidad de cada actividad. También se incluyen auditorías, capacitación y certificación de responsables de cumplimiento, con una revisión anual en los casos previstos por las nuevas disposiciones.

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La entrada en vigor general será el 30 de noviembre de 2026, pero la aplicación será gradual.

Algunas obligaciones relacionadas con la evaluación formal de riesgos y los mecanismos automatizados se desarrollarán entre 2027 y 2028, mientras que las auditorías comenzarán a aplicarse en 2028.

El objetivo es que la prevención del lavado de dinero deje de depender de controles idénticos para todos y se concentre en las operaciones con mayor exposición.

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Para los pequeños negocios y profesionistas incluidos en las “actividades vulnerables”, el cambio implica conocer mejor a sus clientes, documentar sus operaciones y establecer procedimientos que permitan detectar a tiempo movimientos que se aparten de su comportamiento habitual.

El acuerdo completo de la SHCP se puede consultar en este enlace.

GC