La reforma a la Ley de Inversión Extranjera podría añadir incertidumbre regulatoria y generar procesos más lentos y burocráticos que pueden desincentivar la llegada de nuevas inversiones a México, advirtió Banco BASE.

El banco explicó en un análisis que la reforma incorpora a las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), con el objetivo de revisar inversiones en sectores estratégicos que puedan considerarse de riesgo para la seguridad nacional. Además, se suma la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para evaluar riesgos cibernéticos.

Como parte de la nueva integración, participarán como invitados permanentes, con voz, pero sin voto, los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Otro de los cambios más relevantes, señalados por Banco BASE, establece que será obligatoria la autorización de la CNIE cuando una inversión extranjera pretenda adquirir más del 49% del capital social de una empresa mexicana, siempre que supere un valor de activos que todavía deberá establecer la propia Comisión.

La CNIE contará con 180 días para definir ese umbral de activos, mientras que el procedimiento para resolver una solicitud tendrá un plazo de 60 días, con la posibilidad de ampliarlo hasta 30 días más si el caso lo justifica.

De acuerdo con Banco BASE, estas modificaciones son consistentes con la agenda que Estados Unidos ha impulsado en la revisión del T-MEC, orientada a limitar la participación de terceros países, particularmente China, en las cadenas de suministro de la región.

No obstante, el banco consideró que la iniciativa podría generar efectos sobre el ritmo de llegada de nuevas inversiones debido a la mayor incertidumbre regulatoria y a procedimientos que podrían resultar más lentos y burocráticos.

“La iniciativa podría añadir incertidumbre regulatoria y procesos más lentos y burocráticos que pueden desincentivar la llegada de nuevas inversiones a México”, señaló Banco BASE en su análisis.

El señalamiento se da en un contexto en el que las nuevas inversiones han tenido una participación reducida dentro de la inversión extranjera directa (IED). Banco BASE recordó que desde 2023 las nuevas inversiones han alcanzado una participación promedio de apenas 8.06% del total de la IED en el primer semestre del año.

Esta proporción se encuentra muy por debajo del promedio histórico de 31.37%, de acuerdo con la información disponible desde 1999.

La reforma fue aprobada por el Senado de la República en lo particular con 65 votos a favor y 28 en contra, después de haber sido avalada en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra.

El proyecto, enviado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, también plantea que, cuando se analicen asuntos de seguridad nacional, participen permanentemente, con voz, pero sin voto, la FGR, el CNI, el SAT y la UIF, además de que podrá convocarse extraordinariamente a la persona titular de la Presidencia de la República.

La Comisión Nacional deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y podrá comparecer ante las comisiones competentes.

Por razones de seguridad nacional, la reforma establece que se requerirá una resolución favorable de la CNIE para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, con un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana cuyo valor total de activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general.

Entre las actividades consideradas están las tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuánticas y nucleares, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

También se incluyen el suministro de insumos fundamentales, como energía o materias primas, la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, particularmente datos personales, o la capacidad de controlar dicha información.

El proyecto sustituye además la referencia al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular las multas.

En caso de que una sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera la participación accionaria al inversionista extranjero pese a haber recibido la denegación de autorización de la adquisición por parte de la Comisión, o sin haber obtenido previamente una resolución favorable, se impondrá una multa de cinco mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.

La misma multa se aplicará por incumplir las acciones de mitigación del riesgo dispuestas por la Comisión.

Durante la discusión, senadores del Grupo Parlamentario del PRI y de Movimiento Ciudadano presentaron reservas al proyecto, pero fueron rechazadas por la asamblea. El dictamen quedó en sus términos y fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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