Los cambios trascendentales incluidos en el Paquete Fiscal 2026 podrían tener un impacto directo en el bolsillo de la población, en particular a través del encarecimiento de seguros y un acceso más restrictivo al crédito, advirtió EY, firma líder en servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones.

De acuerdo con un análisis de la firma, la modificación más relevante se concentra en el sector asegurador, ya que la reforma elimina la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA pagado en bienes o servicios utilizados para indemnizar a los asegurados, como reparaciones, hospitalización o reposición de bienes.

Con este ajuste, a partir de 2026 dicho impuesto dejará de ser un crédito fiscal y se convertirá en un costo directo para las compañías.

Este cambio en la estructura de costos, señaló EY, tendrá un efecto inmediato en los consumidores, ya que se estima que las primas de seguros de auto y de gastos médicos mayores podrían aumentar entre 10 y 20%, conforme a estimaciones del propio sector asegurador.

“Ese IVA deja de ser un crédito fiscal y se convierte en un costo directo para las aseguradoras, lo que podría deteriorar sus márgenes operativos. La consecuencia: ese costo se trasladará —total o parcialmente— a los consumidores finales, mediante un incremento en las primas”, explicó Allen Saracho, socio líder de Impuestos para el Sector Financiero de EY México.

Además del impacto en seguros, la reforma fiscal también endurece las reglas para la deducción de créditos incobrables en las instituciones de crédito. La iniciativa plantea una homologación de normas, por lo que el trato especial que permitía a los bancos deducir pérdidas crediticias bajo reglas particulares será sustituido en 2026 por la aplicación de disposiciones generales.

A ello se suman requisitos más estrictos, ya que la deducción únicamente procederá cuando se acredite el cumplimiento de condiciones administrativas o judiciales, como la prescripción o la llamada “notoria imposibilidad práctica de cobro”, lo que, según la firma, podría traducirse en mayor incertidumbre jurídica y un costo de riesgo más elevado.

En este escenario, EY advirtió que el financiamiento podría volverse más costoso o limitado, debido a que los bancos podrían endurecer sus criterios de otorgamiento mediante mayores garantías, tasas más altas o plazos más cortos.

El ajuste afectaría la capacidad de inversión y consumo, especialmente de pequeñas y medianas empresas (PYME) y de personas que buscan acceder a una vivienda.

Con base en su análisis, la consultora señaló que en 2026 las principales consecuencias serían primas de seguros más altas, un acceso posiblemente más restringido al crédito y un desincentivo a la inversión y la expansión empresarial.

“Conviene llevar a cabo un debate amplio, que considere no sólo la recaudación fiscal, sino los costos sociales y económicos derivados de estas medidas. Resulta prioritario que legisladores, reguladores, aseguradoras, bancos, empresas y consumidores evalúen, antes de que entren en vigor los nuevos cambios, estrategias de mitigación, incentivos para inclusión financiera, o políticas públicas que fomenten el acceso a seguros y crédito”, concluyó Saracho.

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