La reforma constitucional contra las llamadas “pensiones doradas”, aprobada en marzo pasado, quedó prácticamente sin efecto para miles de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que ambas empresas aceptaron una serie de acuerdos para corregir los recortes aplicados a las pensiones de extrabajadores que denunciaron una reducción indebida de sus ingresos.

Según organizaciones de jubilados, y con información difundida por la CFE, las empresas estatales reconocieron que el límite para las pensiones no será equivalente a 50% del salario presidencial, como se interpretó inicialmente tras la reforma, sino que el límite será el monto total que perciba mensualmente el presidente de la República en funciones.

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La decisión representa un giro relevante frente a las inconformidades que surgieron después de que numerosos pensionados recibieron pagos reducidos a partir de abril.

Las asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y la Alianza Nacional de Jubilados, entre otros grupos, argumentaron que la reforma se aplicó de manera retroactiva, lo que contraviene principios constitucionales relacionados con salarios, remuneraciones y derechos pensionarios ya adquiridos.

Los acuerdos alcanzados

Las negociaciones derivaron en cuatro compromisos principales que beneficiarán tanto a jubilados de Pemex como a los de CFE.

El primero establece que la pensión máxima mensual será equivalente al sueldo mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que este año es de 134,290 pesos.

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El segundo consiste en la devolución de los descuentos aplicados desde abril. Para ello se prevé una nómina extraordinaria durante julio que cubrirá las diferencias entre los montos pagados y el nuevo tope acordado.

El tercer acuerdo restablece el esquema de pago catorcenal que existía antes de los ajustes derivados de la reforma.

El cuarto prevé la corrección individual de los expedientes de los pensionados y la notificación de los cambios mediante los sistemas administrativos de cada empresa, con el propósito de regularizar los pagos futuros.

“La Consejería Jurídica ha establecido criterio interpretativo que permite considerar el importe equivalente a la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal, como límite a las pensiones del personal jubilado de confianza de las empresas públicas del Estado”, refirió CFE en un comunicado.

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“Aquellas pensiones que excedan dicho límite serán ajustadas al importe equivalente a la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal; por otro lado, aquellas que no exceden este límite, se mantendrán con el importe que correspondía previo a la reforma referida”, añadió el comunicado.

Antes de estos acuerdos, representantes de jubilados afirmaban que algunas pensiones habían sido reducidas a montos de entre 63,000 y 70,000 pesos mensuales.

Protestas y presión política

Durante los últimos días, agrupaciones de jubilados de Pemex, CFE, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizaron manifestaciones en la Ciudad de México y otras ciudades del país para exigir que se les volvieran a pagar sus pensiones completas, como estaban antes de la reforma contra las “pensiones millonarias”.

Las organizaciones dijeron que la reforma afectó derechos adquiridos y denunciaron fallas en la aplicación de los recortes, ya que hubo casos de personas cuyos ingresos se encontraban por debajo de los límites establecidos.

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Las movilizaciones derivaron en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), instancia que facilitó las conversaciones con las empresas paraestatales, lo que permitió alcanzar los acuerdos anunciados.

La controversia tiene su origen en la reforma al artículo 127 de la Constitución, que establece que el personal de confianza del gobierno, organismos desconcentrados y empresas estatales no podrá jubilarse con pensiones superiores a la mitad del salario del presidente de la República.

Sin embargo, la resistencia de los jubilados y las negociaciones posteriores modificaron en los hechos la aplicación de esa disposición para los pensionados de Pemex y CFE, quienes consiguieron la restitución de buena parte de los beneficios que consideraban afectados por una interpretación retroactiva de la reforma.

GC