El Paquete Económico 2027 plantea una ruta de consolidación fiscal más creíble que los presupuestos anteriores, debido a que se apoya en medidas para elevar los ingresos y en supuestos económicos más realistas. Sin embargo, el ajuste previsto todavía es insuficiente para estabilizar la deuda pública, lo que representa un riesgo a la baja para la calificación soberana de México, ubicada en “BBB-” con perspectiva estable, señaló Fitch Ratings.

En un análisis, la calificadora explicó que la propuesta entregada al Congreso el 8 de septiembre mantuvo la meta de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y planteó reducirlos a 3.9% durante 2027.

Esta disminución es menos ambiciosa que el objetivo de 3.5% del PIB incluido en los Pre-Criterios de abril y mantiene la trayectoria de consolidación lenta, de 0.2 puntos porcentuales anuales, adoptada en el presupuesto de 2026.

Pese al ajuste moderado, Fitch identificó algunos cambios positivos en el Paquete Económico 2027 para el perfil crediticio de México, entre ellos una previsión de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% para 2027, con un punto medio de 2.0%, nivel cercano a las proyecciones del sector privado y al cálculo de 1.8% de la propia calificadora.

La agencia indicó que estos supuestos son más realistas que los utilizados en el presupuesto anterior, lo que debería reducir, aunque no eliminar, el riesgo de desviaciones fiscales.

Igualmente, destacó que el gobierno pretende avanzar en la consolidación mediante mayores ingresos, en lugar de aplicar una contención adicional del gasto, la cual, en opinión de Fitch, ya alcanzó un límite práctico.

Al explicar esta situación, la calificadora señaló que el gasto operativo aumentó durante 2026, mientras que las reducciones adicionales en el gasto de capital, que ya se encuentra en niveles bajos, han respondido a dificultades de ejecución y no a decisiones de política pública.

Las nuevas medidas buscan elevar los ingresos en un monto equivalente a 0.7% del PIB durante 2027, aunque solamente 0.4 puntos porcentuales serían permanentes. Estos recursos provendrían de límites más estrictos al uso de deducciones fiscales por parte de las empresas y de mayores esfuerzos para combatir la evasión.

En contraste, los 0.3 puntos porcentuales restantes corresponderían principalmente a ingresos temporales, obtenidos por servicios públicos, así como por cuotas y ganancias del sector financiero. En conjunto, la mayor recaudación abriría espacio para un crecimiento real de 4.4% en el gasto operativo, de 4.6% en las pensiones y de 3.5% en la inversión fija.

Aun con estas medidas, Fitch calculó que los RFSP tendrían que ubicarse alrededor de 2.5% del PIB para estabilizar la deuda, aproximadamente 1.5 puntos porcentuales por debajo de la meta contemplada para 2027, por lo que será necesario un esfuerzo fiscal mayor durante los siguientes años.

La calificadora proyectó que la deuda pública federal llegará a 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general alcanzará 57.3% y convergerá con la mediana de los países calificados en la categoría “BBB”. Además, advirtió que el ajuste requerido podría ser todavía mayor por el crecimiento inercial de las pensiones y otros gastos sociales.

Los riesgos fiscales también se extienden al mediano plazo, debido a que una parte de la mejora de los ingresos prevista para 2027 será temporal y a que el nuevo esquema para financiar proyectos de infraestructura, identificado como LFIIEDB, aplazará sus costos fiscales hasta 2029 y 2030.

A ello se suma que las medidas tributarias parciales dirigidas a las grandes empresas podrían generar rendimientos decrecientes en términos de ingresos adicionales.

Por lo anterior, Fitch anticipó que una reforma fiscal estructural probablemente adquirirá mayor importancia en los próximos años, con el fin de avanzar en la consolidación y atender las futuras presiones de gasto sin comprimir la inversión.

Por otro lado, para la agencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) constituye un riesgo adicional, pues el presupuesto supone que la empresa podrá registrar un superávit antes de recibir una inyección gubernamental de liquidez por 81,000 millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB.

No obstante, la caída de la producción de refinados durante este año y las consecuentes importaciones de combustibles costosos muestran que la recuperación operativa de la petrolera continúa sin concretarse, por lo que la petrolera se mantiene como un riesgo adicional para las finanzas públicas.

Ante el panorama fiscal, Fitch, que ratificó en abril la calificación de México en “BBB-” con perspectiva estable, advirtió que podrían surgir presiones a la baja si las autoridades no profundizan la consolidación y la deuda continúa aumentando rápidamente en el mediano plazo, si la economía enfrenta un impacto más grave o prolongado, o si se debilitan la consistencia y la credibilidad de las políticas públicas.

En sentido contrario, una mejora en la calificación requeriría una consolidación fiscal que coloque la deuda como proporción del PIB en una trayectoria descendente, particularmente mediante ingresos permanentes, además de una reducción de los pasivos contingentes relacionados con Pemex y mejores perspectivas para la inversión y el crecimiento potencial.

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