La Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una norma que obligará a que las estaciones gasolineras y las casetas de peaje adopten esquemas de pago 100% digitales o electrónicos.
La votación en lo general arrojó 330 votos a favor del oficialismo —Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados— y 122 en contra de la oposición, por lo que continuaba la sesión en lo particular y el desahogo de reservas de diversos artículos.
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Una vez que sea aprobada por el pleno de los Diputados en lo particular, el dictamen será turnado al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.
La intención principal de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es disminuir el uso de dinero en efectivo y promover los pagos electrónicos y digitales en toda la economía nacional.
Entre las características de la reforma destaca la aceptación de herramientas como transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnologías NFC, para realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios.
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Asimismo, se autoriza el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como documento oficial de autenticación para abrir cuentas bancarias y contratar servicios financieros a distancia, así como del Expediente Digital Ciudadano.
Adicionalmente, se otorgan amplias facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para identificar sectores o actividades vulnerables, en los cuales los pagos digitales se conviertan en la única forma de compra-venta de bienes y servicios.
Sin embargo, la ley establece algunas excepciones, como el hecho de que no exista servicio de internet en la región donde se ubiquen los establecimientos.
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En este sentido, las primeras ramas de actividad que adoptarán los pagos electrónicos y digitales serán las casetas de peaje de carreteras y las estaciones gasolineras.
Además, se ordena a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a habilitar de forma obligatoria sistemas de cobro digital, para que los ciudadanos puedan cubrir impuestos, derechos, aprovechamientos y demás cobros que haga el gobierno.
En el debate parlamentario, la oposición hizo cuestionamientos de la nueva Ley, al advertir que se trasladan los costos de adaptación tecnológica directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), además de criticar la falta de claridad en las reglas para restringir el efectivo.
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Sin embargo, estas observaciones no fueron aceptadas y el proyecto se aprobó en lo general.
GC
