La expansión de los pagos digitales en México tendría un efecto crediticio positivo para los bancos, al favorecer la inclusión financiera y ampliar el acceso al financiamiento de hogares y pequeñas empresas, mientras que la reducción de las comisiones tendría un impacto manejable en los ingresos del sector, de acuerdo con Moody’s.

En un análisis, la calificadora señaló que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado el 20 de octubre, y la propuesta del regulador bancario para reducir las cuotas de intercambio de tarjetas podrían impulsar el uso de medios de pago electrónicos, aumentar la competencia en el mercado de adquirencia y ampliar la información disponible para evaluar el riesgo de los solicitantes de crédito.

La agencia explicó que una mayor utilización de los pagos digitales reduciría los costos bancarios asociados con el manejo de efectivo y contribuiría a formalizar la actividad económica, lo que permitiría a las instituciones financieras identificar mejor a sus clientes y facilitar el acceso al crédito de sectores que actualmente tienen una participación limitada en el financiamiento bancario.

Según Moody’s, la relevancia de estas medidas está relacionada con la baja penetración del crédito en el país, pues los préstamos de la banca comercial representaban apenas 23% del Producto Interno Bruto (PIB) en junio de 2026, frente a un promedio cercano a 50% en otros mercados bancarios importantes de América Latina.

Entre los obstáculos para ampliar el financiamiento, la calificadora identificó la limitada adopción de pagos digitales, la informalidad que abarca a más de la mitad de la fuerza laboral, la escasez de información verificable sobre los posibles acreditados y un marco de finanzas abiertas poco desarrollado, factores que restringen el universo de clientes que pueden acceder a préstamos bancarios.

La calificadora consideró que los beneficios de estas medidas compensarían ampliamente, a largo plazo, la reducción de los ingresos por comisiones, cuyo efecto sería gradual debido a que los límites propuestos a las cuotas de intercambio se aplicarían durante tres años.

El gobierno estima que las medidas podrían generar beneficios anuales de 20 mil 100 millones de pesos, monto que, incluso si se tradujera íntegramente en una pérdida de ingresos para la banca, equivaldría a alrededor de 10% de los ingresos netos por comisiones anualizados del sector durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el análisis.

Moody’s añadió que el impacto efectivo podría ser menor, ya que algunos de los principales bancos consolidan los resultados de sus negocios de adquirencia, mientras que el incremento en el volumen de transacciones y la reducción de los gastos por cuotas de intercambio podrían compensar parcialmente las presiones sobre sus ingresos.

La propuesta contempla reducir gradualmente las tasas promedio de intercambio de las tarjetas de crédito a 1%, frente al máximo actual de 1.91%, y las de débito a 0.30%, desde 1.15%, además de establecer un límite fijo de 10.80 pesos por transacción para las tarjetas de débito, lo que restringiría aún más los ingresos por comisiones en operaciones de mayor valor.

Estas cuotas son pagadas por los adquirentes a los emisores de tarjetas y se incorporan a las tasas de descuento que pagan los comercios por aceptar estos medios de pago, por lo que su reducción podría disminuir los costos para los establecimientos y alentar una mayor aceptación de tarjetas, particularmente entre los negocios pequeños e informales.

El nuevo esquema también plantea prohibir acuerdos de exclusividad, ventas atadas, subsidios cruzados, penalizaciones por volumen mínimo y prácticas que restrinjan a las redes competidoras, además de establecer requisitos para que los adquirentes y agregadores liquiden los pagos a los comercios el mismo día y mantengan los fondos segregados.

Por su parte, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar qué sectores estarán obligados a aceptar únicamente pagos electrónicos y exigirá que las entidades gubernamentales reciban pagos digitales, con el objetivo de ampliar el uso de herramientas como códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas bancarias y domiciliación.

El marco también contempla apoyarse en mecanismos de identidad digital como la Clave Única de Registro de Población (CURP) Digital y el Expediente Digital Ciudadano para agilizar la incorporación de clientes, además de favorecer el uso de sistemas de pago existentes como Cobro Digital (CoDi), Dinero Móvil (DiMo) y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De acuerdo con Moody’s, la implementación gradual de los límites permitirá a los bancos ajustar sus esquemas de precios y programas de recompensas, por lo que no se espera una reducción inmediata de sus ingresos brutos, mientras que los beneficios asociados con una mayor adopción de pagos electrónicos podrían contribuir a ampliar la inclusión financiera y el acceso al crédito en México.

er