México iniciará la aplicación de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral con la intención de modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo el país.
El ordenamiento jurídico pretende elevar la recaudación del impuesto predial, una de las principales fuentes de ingresos propios para las finanzas locales. Sin embargo, debido a que los municipios mantienen la facultad constitucional para cobrar este gravamen, resulta indispensable dotarlos de los elementos técnicos, tecnológicos y presupuestales necesarios para cumplir con las nuevas reglas.
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La nueva Ley formó parte del “paquete económico” 2027 y obtuvo la aprobación del Congreso de la Unión para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), recordó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en su reporte “Actualización y homologación de los catastros. Una opción para fortalecer las finanzas locales”.
México enfrenta actualmente una debilidad estructural en este tema: la recaudación del predial apenas representa 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), abajo del promedio de 0.9% de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del 0.4% en América Latina.
Actualmente existe una marcada heterogeneidad en las capacidades técnicas de los más de 2,400 municipios del país. Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan la existencia de 44 millones 951,568 predios registrados, de los cuales 35% carece de representación gráfica.
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Además, solo 19.1% de los municipios actualizó sus tablas de valores, lo que provoca que el valor catastral de las viviendas represente, en promedio, únicamente 41% de su valor comercial real.
A esto se suma que 17.2% de los ayuntamientos administra su padrón en papel y 84.7% exige trámites de pago presenciales.
¿Qué cambios trae la Ley Catastral?
La nueva legislación introduce herramientas técnicas para ordenar la cartografía nacional y reducir los costos de administración para los ayuntamientos.
Entre sus principales innovaciones destaca la creación de la Clave Única Catastral, un identificador individual para cada inmueble que se vinculará directamente con el folio real del Registro Público de la Propiedad mediante una Cédula Única Catastral y Registral.
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Asimismo, la Ley establece el desarrollo de la Plataforma Nacional Catastral, repositorio digital que concentrará el mapa base con la cartografía de todo el territorio mexicano, además de módulos específicos para la gestión de trámites, administración del impuesto predial y recepción de pagos en línea.
El eje rector de esta política será el Plan Nacional Catastral, cuya supervisión quedará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
¿Qué obligaciones tendrán los gobiernos locales?
Para la puesta en marcha de esta regulación, las autoridades de los estados y municipios asumirán compromisos específicos destinados a lograr la homologación nacional.
• Integrar la Clave Única Catastral en sus registros locales conforme a las disposiciones que emita el gobierno federal.
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• Generar mecanismos institucionales de intercambio de información en tiempo real entre los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad.
• Actualizar y digitalizar las cartografías municipales para reflejar el crecimiento urbano horizontal y el incremento de plusvalía en las propiedades.
• Migrar sus sistemas de atención ciudadana hacia esquemas digitales para la realización de trámites y el cobro del gravamen.
Recomendaciones para estados y municipios
El CIEP destaca que el aumento potencial en la recaudación del predial no provendrá necesariamente de un alza en las tasas impositivas, sino de transparentar los predios omitidos y ajustar los valores catastrales a los precios de mercado.
Por ejemplo, una residencia con valor comercial de 12 millones de pesos (mdp) tributa hoy bajo un valor catastral castigado de 4.9 mdp.
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Para evitar que la ley se convierta en una carga inviable para los ayuntamientos menos desarrollados, el CIEP recomienda que las dependencias federales —como la Sedatu, la ATDT y el INEGI— mantengan un programa de capacitación técnica y acompañamiento permanente para las administraciones locales.
De igual forma, aconseja una comunicación transparente hacia los ciudadanos, con el propósito de demostrar que los ingresos adicionales obtenidos por el predial se traducen en mejores servicios públicos, obras de infraestructura y mayor calidad de vida.
GC
