México fue uno de los primeros países de América Latina en establecer un marco legal para las empresas de tecnología financiera, pero ocho años después de la promulgación de la llamada “Ley Fintech”, el país enfrenta un rezago en uno de los componentes centrales de esa legislación: la regulación de las finanzas abiertas, conocidas como “open finance”.

En este punto coincidieron Romina Benvenuti, directora de Asuntos Públicos, Regulatorios y Jurídicos de Nu México, y Hugo Nájera, director de Banca Minorista de BBVA México, en su participación en el 5º Congreso de Educación Financiera “La inteligencia del dinero”, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).

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Nájera recordó que México avanzó con rapidez en materia fintech y que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en 2018, estableció las bases para desarrollar un esquema de finanzas abiertas. Sin embargo, la falta de disposiciones secundarias ha impedido que ese modelo opere plenamente.

“Tenemos que presionar para que la norma secundaria se baje y empiecen a rodar cosas sobre open finance”, planteó el directivo, al advertir que México pasó de estar a la vanguardia regional a quedarse rezagado en la aplicación práctica de este modelo.

El artículo 76 de la “Ley Fintech” establece las bases para que las instituciones compartan información financiera bajo determinados mecanismos. El problema, explicó Nájera, es que sin las reglas que permitan poner en marcha ese intercambio, el potencial de la legislación permanece limitado.

Compartir información para conocer mejor al cliente

Benvenuti explicó que las finanzas abiertas permitirían al usuario concentrar una visión más completa de sus recursos, aunque tenga cuentas y créditos contratados con distintas instituciones.

Un cliente puede recibir su salario en un banco, mantener sus ahorros en otro y pagar una hipoteca o un crédito automotriz desde una tercera institución. Con “open finance”, podría autorizar que esa información se conecte y administrar sus finanzas desde una cuenta principal.

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Esto permitiría, por ejemplo, que una aplicación detecte que se aproxima el pago de un crédito y que la cuenta vinculada no tiene fondos suficientes. El sistema podría avisar al usuario y preguntarle si desea transferir recursos desde otra cuenta para cubrir el compromiso.

La ventaja también alcanzaría a las instituciones, pues con autorización del cliente tendrían una visión más completa de su situación financiera y podrían ofrecer productos adecuados para sus necesidades.

El usuario conservaría el control de sus datos: decidiría qué información comparte, con qué institución y durante cuánto tiempo.

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Nájera también vinculó esta transformación con otro desafío: reducir el uso de efectivo.

Explicó que un mayor intercambio de información entre bancos permitiría conocer mejor los hábitos financieros de los consumidores y diseñar servicios más adecuados, además de disminuir el espacio que ocupa el dinero en efectivo en actividades ilícitas.

GC