México necesitará una reforma fiscal en el mediano plazo, ante las rigideces que enfrenta el gasto público por la ampliación de los programas sociales, el costo financiero de la deuda y el pago de pensiones, consideró BBVA Research.
En este contexto, el análisis señaló que, en contraste con el fuerte apoyo contemplado para Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2026, el Gobierno federal le transferirá 81.1 mil millones de pesos en 2027 para cubrir amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores, recursos con los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta para la petrolera un superávit financiero de 95.1 mil millones de pesos.
La posibilidad de que Pemex deje de necesitar apoyos gubernamentales extraordinarios dependerá de los resultados del próximo año, aunque BBVA Research considera que la petrolera continuará requiriendo recursos públicos mientras no cambie su modelo de negocios, canalice inversión privada hacia la exploración y extracción de crudo y reduzca su actividad en refinación.
Mientras se define si la compañía podrá dejar de recibir esos apoyos, el costo del servicio de la deuda pública aumentará de 3.7% del producto interno bruto (PIB) en 2026 a 4.0% en 2027, pese a las menores tasas de interés proyectadas tanto en México como en el mercado internacional.
Este aumento reducirá el espacio fiscal, que podría ser todavía menor si no se cumple el pronóstico de Hacienda de que la tasa de referencia disminuirá a 6.0%.
La presión sobre las finanzas públicas cobra mayor relevancia porque México registró en 2024 la menor recaudación tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), equivalente a 18.3% del PIB, además de mantener uno de los niveles más bajos de América Latina.
En esa ruta, el avance marginal de la consolidación fiscal proyectado para 2027 descansa principalmente en una mayor recaudación tributaria, lo que BBVA Research consideró positivo porque evita sacrificar el gasto programado en inversión física pública.
El análisis advirtió, sin embargo, que gran parte de los recursos adicionales estará sustentada en menores deducciones del impuesto sobre la renta (ISR) empresarial, una medida que podría reducir los incentivos para reactivar la inversión privada, afectar el crecimiento potencial y, eventualmente, tener un impacto estructural negativo sobre la propia recaudación.
Aunque BBVA Research reconoció la preocupación del Gobierno por el uso indebido de facturas para obtener deducciones fiscales, consideró que la medida podría afectar de manera desproporcionada a las empresas que utilizan legítimamente ese mecanismo y desincentivar la inversión.
Para atender este problema, BBVA Research señaló que sería menos distorsionador aumentar la tasa del ISR o, preferiblemente, combatir de manera más efectiva la emisión y el uso de facturas falsas.
Al mismo tiempo, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 contempla proyectos de inversión mixta en energía, transporte, puertos y agua, un esquema que, de acuerdo con el análisis, permitiría eliminar algunas restricciones de oferta ocasionadas por la falta de infraestructura, compartir riesgos y beneficios y evitar comprometer la sostenibilidad fiscal.
La inversión también forma parte de las previsiones económicas para el próximo año, pues Hacienda señala que el crecimiento de 2027 estará sustentado principalmente en la fortaleza del mercado interno y en la infraestructura vinculada con el Plan México.
Frente a esa expectativa, BBVA Research indicó que el bajo dinamismo económico observado en 2026 se encuentra en el comportamiento del consumo de bienes y servicios nacionales y en la atonía de la inversión privada, por lo que una mayor confianza empresarial ayudaría a reactivar la inversión, la generación de empleo formal y el consumo.
Para recuperar esa confianza, BBVA Research considera necesario revertir la incertidumbre generada en torno a la percepción del Estado de derecho, la reforma judicial y el marco regulatorio.
er
