El gobierno federal ha detenido a 2,000 personas por delitos de extorsión cometidos contra ciudadanos comunes, empresarios, comerciantes, transportistas y productores locales en 29 entidades del país.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer estos avances en la conferencia de prensa diaria de Presidencia de la República, como parte de la pasarela de secretarios que presentarán un recuento de sus labores para acompañar la entrega del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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La Estrategia Nacional contra la Extorsión entró en marcha el 6 de julio de 2025, bajo el principio de que esta conducta ilícita representa una amenaza directa para el patrimonio y la tranquilidad de los hogares y los negocios.
En aras de atender este problema, la política se apoya en una reforma legal que unificó el tipo penal en todo el territorio nacional, al quedar establecido que el delito debe investigarse de oficio. Con este cambio, el peso de iniciar y dar seguimiento a los expedientes judiciales recae en las instituciones del Estado y ya no en la denuncia de las víctimas.
El funcionario explicó que el esquema de trabajo consta de cinco pilares de acción.
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Inteligencia operativa: captura de objetivos clave mediante trabajos de investigación especializada.
Fortalecimiento local: creación y adiestramiento de unidades antiextorsión en los estados.
Atención a víctimas: aplicación de protocolos de acompañamiento y protección inmediata.
Capacitación en crisis: adiestramiento al personal de la línea telefónica 089 para negociación y manejo de llamadas de intimidación.
Prevención social: difusión de campañas informativas para frenar el engaño telefónico.
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Adicionalmente, el plan incluye la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para bloquear cuentas bancarias receptoras de cobros ilícitos.
Asimismo, el gobierno coordina operaciones policiacas con la Guardia Nacional (GN) para cancelar líneas de teléfonos celulares e inhabilitar la señal telefónica dentro de los penales federales.
Las 2,000 aprehensiones entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026 reflejan el despliegue de esta política de seguridad públca.
GC
