México se encuentra en la etapa final de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las medidas que aplica para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, un proceso que involucra a distintas dependencias del Gobierno federal, autoridades de seguridad y supervisión, así como al sector privado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las reuniones de trabajo y la sesión plenaria del organismo internacional se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026, fechas en las que el proceso avanzará hacia su resolución, tras la cual México definirá las acciones para continuar fortaleciendo su sistema de prevención y combate al lavado de dinero.

Cabe mencionar que esta revisión forma parte de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, organismo que examina directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina cuyos procesos se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Hacienda recordó que el análisis busca determinar tanto el cumplimiento de los estándares internacionales como la efectividad de las medidas adoptadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas.

Para ello, el GAFI revisa el marco normativo del país, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes de los sectores financiero y no financiero. Por esta razón, la evaluación comprende al Estado mexicano en su conjunto e incluye a instituciones encargadas de la supervisión, la procuración de justicia y la seguridad, además de organismos y empresas del sector privado.

Como parte de este ejercicio, en marzo de 2026 un equipo evaluador visitó México, donde autoridades nacionales e instituciones privadas presentaron información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas.

Desde entonces, las distintas dependencias del Estado mexicano han mantenido una coordinación con las instituciones involucradas para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del organismo internacional, de acuerdo con la información difundida por Hacienda.

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