El Senado aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una nueva legislación que busca extender el uso de medios de pago electrónicos en México y reducir la circulación de efectivo en determinadas actividades económicas.
El dictamen recibió 73 votos a favor y 34 en contra en lo general, mientras que en la votación en lo particular obtuvo 72 votos a favor y 37 en contra, sin abstenciones. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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La ley, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada al Senado a partir de una minuta de la Cámara de Diputados, establece un marco para promover las transacciones digitales y contempla mecanismos como códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), tarjetas de débito y crédito, domiciliaciones y transferencias de fondos.
Uno de los puntos centrales es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de determinar qué sectores estratégicos y actividades relevantes deberán aceptar exclusivamente pagos digitales. La aplicación de esta disposición será gradual y se definirá por sectores, bajo los criterios de la dependencia.
Para hacer posible la transición, los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover el uso de estos mecanismos. También tendrán que establecer medidas para atender fallas o contingencias que impidan realizar las operaciones electrónicas.
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La legislación considera excepciones: cuando una contingencia imposibilite los pagos digitales, se permitirá recurrir al efectivo o al cheque para concretar las transacciones.
El nuevo marco legal tiene el objeto de ampliar las opciones de pago electrónico, aunque su alcance dependerá de las actividades que SHCP incorpore al esquema y de la infraestructura disponible para que usuarios y establecimientos puedan operar sin efectivo.
Asimismo, la nueva legislación permite que se pueda autenticar la identidad de los usuarios de los servicios financieros a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y por medio de un expediente electrónico. De esta manera, las familias de comunidades apartadas podrán abrir cuentas bancarias y contratar servicios bancarios con seguridad.
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Con el envío del decreto al Ejecutivo federal, el siguiente paso será su publicación oficial, tras lo cual deberá avanzar su implementación conforme a los criterios y plazos que establezca la autoridad hacendaria.
GC
