Las medidas previstas para fortalecer la recaudación en 2027 podrían reducir el flujo de efectivo de las empresas y trasladarse a los precios, con posibles efectos sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La advertencia el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) parte de la diferencia entre las expectativas de crecimiento y las metas de ingresos incluidas en el Paquete Económico 2027, pues las autoridades redujeron su previsión para la economía, pero elevaron el aumento esperado de la recaudación tributaria.

En los Precriterios publicados en abril se estimaba que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería entre 1.9 y 2.9%, con una previsión puntual de 2.4%, mientras que el nuevo marco macroeconómico redujo el intervalo a uno de entre 1.5 y 2.5%, con un cálculo puntual de 2.0 por ciento.

A pesar de ese ajuste, el incremento previsto de los ingresos tributarios pasó de 2.8 a 5.9%, aun cuando la recaudación está directamente relacionada con el dinamismo de la actividad económica.

Si bien la nueva proyección del PIB resulta más realista, el CEESP consideró que las cifras presupuestarias todavía muestran optimismo al contemplar ingresos y gastos superiores a los previstos en abril, sobre todo ante la debilidad de las fuentes recurrentes de recursos.

El organismo afirmó que esta diferencia “quiere decir que un proceso de fiscalización más intensivo será una parte principal como fuente de recursos, más allá del impulso proveniente de la actividad productiva”.

Esa fiscalización estaría acompañada de acciones para hacer más eficiente la tributación y combatir la evasión fiscal, entre ellas la restricción de las deducciones autorizadas y el límite al uso de pérdidas fiscales.

Ambas medidas podrían reducir el flujo de efectivo de las empresas sin aumentar las tasas impositivas, por lo que, según el Centro, los contribuyentes cautivos “podrían trasladar dicho efecto a los precios, incidiendo en la inflación al consumidor y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares”.

El endurecimiento de la política tributaria tampoco garantiza el cumplimiento de las metas de recaudación, debido a que el menor dinamismo de las empresas podría limitar los resultados de las medidas en un entorno de bajo crecimiento económico.

Por ello, el CEESP consideró que concentrar la obtención de recursos en las personas físicas y morales que ya pagan impuestos puede afectar la viabilidad de algunas empresas, mientras que la prioridad debería ser ampliar la base de contribuyentes e incorporar más actividades informales.

La propuesta de ampliar dicha base cobra relevancia ante el elevado nivel de informalidad, pues poco más de 60% de las unidades productivas registradas en el país son informales y las tasas bajas para incorporarse al sistema tributario no están acompañadas de incentivos adicionales, lo que podría aumentar la informalidad.

Junto con la incorporación de más contribuyentes, el CEESP planteó mejorar la eficiencia del gasto público para generar ahorros, aprovechar mejor los recursos disponibles y contar con mayores montos para los programas sociales del Gobierno federal.

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