Los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias” que se han puesto a consulta pública, a propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), caen en la ambigüedad y dejan abierta la puerta a posibles actos de censura contra los medios de comunicación, lo que puede derivar en una “regresión democrática”.
De esta manera reaccionó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en relación con el contenido de los mencionados Lineamientos, que entre otras cosas, pretenden obligar a los medios de comunicación nombrar a un “defensor de las audiencias” dentro de su organización, a establecer un mecanismo de atención a quejas del público, así como a distinguir de una manera explícita entre información noticiosa de mensajes que son opiniones o publicidad pagada.
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Como se ha informado, el viernes de la semana pasada, el pleno de la CRT aprobó la consulta pública sobre los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”, que se efectuará del 27 de julio al 27 de agosto, con el propósito de recoger las opiniones y las aportaciones de concesionarios, especialistas, académicos y público en general.
Respecto a esta regulación, la CIRT —que representa a las empresas de medios de comunicación electrónicos más grandes del país— informó que próximamente integrará un documento conjunto con los puntos de vista de sus 1,200 agremiados para participar en la consulta, pero por lo pronto dio a conocer cuáles son sus preocupaciones de lo que considera más riesgoso de la regulación que se pretende aplicar a la radio y la televisión.
De entrada, la Cámara considera que “los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno”, ya que “el proyecto permite al gobierno definir que es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado de la autoridad”.
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Lo anterior, en referencia a que los Lineamientos proponen que los usuarios de los medios de comunicación que se sientan afectados por los contenidos publicados puedan acudir al mencionado mecanismo de atención a quejas —que estará bajo la gestión del defensor de las audiencias— para presentar su inconformidad, mientras que el defensor de las audiencias sugerirá a la empresa una solución a esa queja.
Pero si la empresa no cumple con la sugerencia del defensor de las audiencias, el mismo defensor o el interesado pueden acudir a la CRT para exigir su intervención ante la estación de radio o televisión que hubiera cometido la supuesta falta.
Es ahí donde la Cámara considera que las autoridades pueden imponerse de manera indebida a las políticas editoriales o bien atentar francamente contra el derecho de libertad de expresión.
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“Se pretende establecer un recurso de inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no”, advirtió la CIRT en su comunicado.
La Cámara también consideró excesiva la propuesta de imponer multas económicas de hasta 1% de los ingresos anuales de cada empresa informativa para cuando no atienda las medidas de solución formuladas por los defensores de las audiencias o del organismo regulador.
Esta situación va en contra de la ley en la materia que solo establece multas en cos casos: que no se designe a defensor de audiencias o no se generen códigos de ética, refirió el comunicado.
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Otro elemento de preocupación es que no se especifique en los Lineamientos que no serán tomadas en cuenta las denuncias anónimas en los mecanismos de queja, ya que “se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas filas o artificiales”.
GC
