La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el gobierno federal analizará las opciones legales que tiene frente a la resolución de un arbitraje internacional que ordena al Estado mexicano indemnizar a Vulcan Materials por el cierre de la planta Sac-Tun, antes Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La mandataria explicó que la Secretaría de Economía revisa el laudo para determinar si procede solicitar su nulidad u otro recurso previsto en el procedimiento.
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“Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución, tanto de Vulcan como del gobierno mexicano”, comentó la presidenta.
También explicó que el contenido del fallo permanecerá bajo confidencialidad durante 30 días, por lo que pidió esperar a que concluya ese plazo para conocer los detalles de la decisión.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, Claudia Sheinbaum leyó los comunicados que difundieron la noche anterior la Secretaría de Economía y Vulcan Materials sobre la resolución emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), respecto de la controversia iniciada por el cierre de las operaciones de Sac-Tun.
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La mandataria recordó que el arbitraje se tramitó al amparo del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y no del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, Claudia Sheinbaum destacó que el propio CIADI desestimó la mayor parte de las reclamaciones presentadas por Vulcan Materials y únicamente dio la razón a la empresa en un aspecto relacionado con la clausura de la planta en 2018, cuando gobernaba el entonces presiente Enrique Peña Nieto.
Sobre la indemnización, existen diferencias entre las cifras difundidas por la empresa y las estimaciones comentadas por la mandataria.
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Vulcan Materials originalmente reclamó alrededor de 1,700 millones de dólares (mdd), pero que el tribunal arbitral le concedió una cantidad muy inferior, la cual calificó como “insignificante”. Sheinbaum Pardo refirió que la indemnización equivale a 1% de lo que exigía la empresa, lo que estimó en 17 mdd, aunque aclaró que será necesario esperar la publicación oficial del laudo para conocer la cifra definitiva.
Sheinbaum Pardo destacó que la resolución del arbitraje no modifica el diálogo que mantiene el gobierno con la compañía. La mandataria explicó que ambas partes continúan las conversaciones para concretar la remediación ambiental del predio y analizar alternativas que permitan a la empresa extraer materiales pétreos en otros lugares ubicados en Quintana Roo, sin reactivar la explotación en Sac-Tun.
“Esta resolución no tiene que ver con el diálogo. Fue una decisión del propio tribunal, no tiene nada que ver con el diálogo que hemos establecido con ellos”, comentó la mandataria.
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Asimismo, la presidenta dejó claro que su administración no permitirá que Vulcan Materials vuelva a extraer piedra caliza en los terrenos de Sac-Tun, debido al daño ecológico ocasionado por esa actividad. Insistió en que la empresa deberá cumplir con un proceso de remediación ambiental, aun cuando la mina permanezca clausurada y continúen las negociaciones entre ambas partes.
Finalmente, Sheinbaum Pardo cuestionó los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados previstos en algunos tratados internacionales.
Comentó que esta misma semana otra empresa presentó una demanda contra México por el proyecto de litio en Sonora, mientras que varios países, entre ellos Canadá y los integrantes de la Unión Europea, no han aceptado este tipo de arbitrajes en sus acuerdos comerciales, al considerar que limitan la capacidad de los Estados para proteger el interés público.
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GC
