El gobierno federal ha reforzado sus acciones de vigilancia y combate al contrabando de combustibles, por lo que ha detectado, entre septiembre de 2025 y junio de este año, unos 109.9 millones de litros de combustibles importados sin el debido pago de impuestos.
Dicha mercancía, conocida como “huachicol fiscal”, implicó una evasión de unos 4,600 millones de pesos (mdp) de impuestos, específicamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), informó Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, en comparencia con senadores, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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El funcionario aclaró que el monto de impuestos calculados “no debe interpretarse como un monto pendiente de cobro”, sino que constituyen “acciones ya ejercidas” de recaudación.
Interrogado por senadores de la oposición sobre el boquete fiscal que representa el “huachicol fiscal” para el país y los señalamientos y sospechas contra ciertos personajes de oficialismo —como los hijos de expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos Amilcar Olán Aparicio y Daniel Asaf Manjarrez—, el funcionario se limitó a contestar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) está comprometida en enfrentar este desafío, pero sin querer comentar nada sobre posibles responsables ni casos en específico.
“El contrabando de combustibles, es importante dejarlo en claro, es una prioridad dentro de las áreas de recaudación de la SHCP y es una instrucción superior evitar toda práctica que implique una fuga de recursos públicos. Por eso, hemos fortalecido las capacidades de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)”, aseguró Édgar Amador.
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En este sentido, el funcionario reiteró la invitación que hizo en su comparencia con los diputados federales la semana pasada, en el sentido de aprobar en el “paquete económico” de 2027 una serie de ajustes a las reglas fiscales, en aras de cerrar la pinza al contrabando de gasolinas y diésel.
Édgar Amador mencionó que se proponen cambios a la Ley del IEPS con el propósito de “aumentar la trazabilidad de operaciones de hidrocarburos desde la importación hasta el consumo”.
También dijo que el gobierno federal trabaja en reforzar los “controles volumétricos precisos” desde las aduanas, para medir con exactitud las cantidades de gasolinas y diésel que ingresan al país y que se venden en la economía.
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Asimismo, Édgar Amador recordó que, desde junio de 2026, se puso en macha una disposición oficial en el sentido de que solo se permitirá a los distribuidores y expendedores de combustibles que tengan permisos vigentes ante la Secretaría de Energía (Sener) para emitir facturas por la comercialización de gasolinas y diésel en el mercado nacional.
“Son acciones la Sener y de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para combatir estos delitos, que nos han permitido cerrar el control y restringir las actividades no permitidas”, dijo Amador Zamora.
GC
