La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso establecer un mecanismo de control para las deducciones fiscales de las empresas a partir de 2027, además de modificar la aplicación de pérdidas fiscales y la deducción de intereses netos.

Las propuestas están incluidas en los Criterios Generales de Política Económica, que forman parte del Paquete Económico 2027 y buscan fortalecer la base sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta (ISR).

Hacienda explicó que, aunque el ISR empresarial es uno de los principales componentes de los ingresos del Gobierno Federal, existe evidencia de que su efectividad es baja frente a la observada en otros países.

Al explicar esta situación, la dependencia señaló que algunos tratamientos fiscales creados para fomentar actividades productivas, apoyar sectores estratégicos y promover la inversión también reducen la base gravable y pueden facilitar estrategias de planeación fiscal que disminuyan la carga tributaria más allá de lo previsto.

En este contexto, la SHCP sostuvo que nueve de cada 10 empresas no pagan impuestos o tienen tasas efectivas muy reducidas debido al uso de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales.

De las 524 mil empresas que declararon ingresos positivos en 2025, 318 mil, equivalentes a 60.7%, no registraron un pago de ISR durante el ejercicio por distintas razones.

Entre las empresas que no pagaron el impuesto, 223 mil, equivalentes a 70.3%, presentaron deducciones iguales o superiores a sus ingresos, mientras que los demás casos estuvieron relacionados principalmente con pérdidas fiscales de años anteriores.

Frente a este panorama, Hacienda planteó estandarizar las deducciones autorizadas mediante un mecanismo de control que, según la dependencia, no afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a las compañías de reciente creación.

Para las empresas con utilidades cuyas deducciones sean iguales o superiores al mecanismo de control, este equivaldría a 96.67% de los ingresos acumulables, mientras que para aquellas con deducciones inferiores las deducciones autorizadas aplicables se establecerían en 99%.

El mecanismo estaría en línea con prácticas internacionales y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de formar parte de las acciones contra el uso de facturas falsas y las estrategias de planeación fiscal agresiva.

En el caso de las pérdidas fiscales, las empresas podrían aplicarlas hasta por un monto equivalente a 50% de la utilidad fiscal y tendrían 20 años para utilizar las correspondientes a ejercicios anteriores, el doble del plazo actual de 10 años.

La propuesta también reduciría de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada el monto de intereses netos que las empresas pueden deducir, aunque la cantidad que no se utilice durante el ejercicio podría aplicarse en los 10 años siguientes hasta agotarse.

Los controles alcanzarían además a los pagos realizados al extranjero, cuya deducción procedería hasta el ejercicio en que el servicio se preste efectivamente y se realice el pago.

Cuando se trate de anticipos que comprendan más de un ejercicio, la deducción se realizaría cuando se utilice o se goce el bien arrendado, con el objetivo de evitar su aplicación sobre operaciones que podrían no concretarse.

Las modificaciones también incluirían a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), de la que se restarían los gastos que no cumplan los requisitos para ser deducibles.

Para la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA), los intereses devengados que no hayan sido pagados y el IVA correspondiente a esos pasivos no se considerarían aportaciones de capital cuando se capitalice una deuda.

En materia de grupos empresariales, Hacienda propuso eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y cobrar íntegramente el impuesto diferido, al considerar que el esquema creado en 2013 ya cumplió su objetivo.

El Paquete Económico también plantea focalizar el estímulo por el uso de autopistas de cuota, que permitiría acreditar hasta 50% del gasto en peajes a contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre público o privado de carga, pasaje o turismo, con ingresos anuales inferiores a 250 millones de pesos.

Para apoyar a las empresas de menor tamaño, Hacienda propone ampliar los límites de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

El límite aumentaría de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales, para las cuales la incorporación al régimen sería opcional.

Los contribuyentes del RESICO también podrían calcular mensualmente el IVA mediante una tasa de 7% sobre el valor de las actividades gravadas y efectivamente cobradas, sin acreditar el impuesto pagado en compras o inversiones.

La propuesta incluye además mayores tasas de depreciación para activos fijos y eleva de 900 mil a un millón de pesos anuales el monto exento para las personas físicas que obtengan ingresos exclusivamente de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

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