La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió el ajuste fiscal gradual previsto para 2027, al señalar que la meta planteada para ese año forma parte de una estrategia de varios años para mantener sostenible la deuda pública y no representa el punto final de la consolidación.
El pronunciamiento se dio después de que Fitch Ratings consideró que el Paquete Económico 2027 presenta un enfoque más creíble que los presupuestos anteriores, aunque advirtió que el ajuste todavía es insuficiente para estabilizar la deuda, lo que representa un riesgo a la baja para la calificación soberana de México.
De acuerdo con Hacienda, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 3.9% en 2027, con lo que acumularán una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.
La dependencia sostuvo que esta trayectoria permite avanzar en la consolidación fiscal sin afectar el crecimiento, pues un ajuste demasiado rápido podría frenar la actividad económica y la inversión productiva, debilitar los ingresos públicos y dificultar la reducción de la deuda frente al PIB.
Bajo dicho enfoque, el gasto neto total crecerá 0.7% real en 2027, con recursos destinados a la inversión y las prioridades sociales.
Para respaldar su postura, Hacienda retomó la valoración positiva de Fitch sobre los supuestos económicos del paquete, que prevé un crecimiento de entre 1.5 y 2.5% para 2027, con un punto medio de 2.0%, cercano al cálculo de 1.8% de la calificadora.
Fitch señaló que estas previsiones son más realistas que las utilizadas en el presupuesto anterior, lo que debería reducir, aunque no eliminar, el riesgo de incumplir las metas fiscales. También consideró adecuado que el ajuste se apoye en mayores ingresos, debido a que ya existe poco margen para reducir más el gasto.
A partir de esa valoración, Hacienda destacó que su estrategia estará concentrada en mejorar el cumplimiento fiscal, combatir la evasión y la elusión, y elevar la eficiencia recaudatoria, sin crear nuevos impuestos generales ni aumentar de forma generalizada las tasas aplicables a las empresas.
La dependencia prevé que estas acciones llevarán los ingresos tributarios a un máximo histórico de 15.9% del PIB en 2027, con lo que busca fortalecer las finanzas públicas sin afectar los incentivos a la inversión. Además, aseguró que mantendrá el diálogo técnico con los sectores empresarial y social sobre medidas específicas, incluidos los límites a determinadas deducciones, para revisar sus efectos y conservar la certidumbre para invertir.
El análisis de Fitch, no obstante, matizó el alcance de las medidas recaudatorias. La calificadora calculó que elevarán los ingresos en un monto equivalente a 0.7% del PIB durante 2027, pero precisó que solamente 0.4 puntos porcentuales serán permanentes y provendrán de mayores límites al uso de deducciones fiscales por parte de las empresas y de las acciones contra la evasión.
Los otros 0.3 puntos porcentuales serían principalmente temporales y procederían de mayores ingresos no tributarios por servicios públicos, así como de cuotas y ganancias del sector financiero. En conjunto, estos recursos permitirían un crecimiento real de 4.4% en el gasto operativo, de 4.6% en las pensiones y de 3.5% en la inversión fija.
La agencia también explicó que el gasto operativo aumentó durante 2026, mientras que las reducciones adicionales en el gasto de capital, que ya se encuentra en niveles bajos, han respondido a dificultades para ejercer los recursos y no a decisiones de política pública.
Al evaluar la trayectoria de la deuda, Fitch estimó que los RFSP tendrían que bajar hasta alrededor de 2.5% del PIB para estabilizarla, aproximadamente 1.5 puntos porcentuales por debajo de la meta de 3.9% prevista para 2027. La calificadora anticipó que el esfuerzo necesario podría ser todavía mayor debido al crecimiento de las pensiones y otros gastos sociales.
Esta presión se presenta mientras Fitch proyecta que la deuda pública federal llegará a 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general alcanzará 57.3%, un nivel cercano a la mediana de los países con una calificación “BBB”.
Los riesgos se extienden hacia los siguientes años, debido a que una parte de los ingresos previstos para 2027 será temporal y el nuevo esquema para financiar proyectos de infraestructura, identificado como LFIIEDB, aplazará sus costos fiscales hasta 2029 y 2030.
A esta situación se suma que las medidas tributarias aisladas dirigidas a las grandes empresas podrían aportar cada vez menos recursos adicionales. Por ello, Fitch consideró que una reforma fiscal estructural probablemente cobrará mayor importancia en los próximos años para continuar con la consolidación, atender las presiones de gasto y evitar mayores reducciones en la inversión.
Pemex es otro de los retos reconocidos en el comunicado de Hacienda. La dependencia afirmó que su estrategia busca fortalecer la posición financiera de la petrolera, mejorar sus operaciones y reducir gradualmente su endeudamiento, con una meta de superávit financiero de 95,000 millones de pesos en 2027.
Sin embargo, Fitch señaló que el presupuesto supone que la empresa podrá registrar un superávit antes de recibir una inyección gubernamental de liquidez por 81,000 millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB. La caída de la producción de refinados durante este año y las consecuentes importaciones de combustibles costosos muestran, según la calificadora, que la recuperación operativa de Pemex continúa sin concretarse.
Ante este panorama fiscal, Fitch recordó que en abril ratificó la calificación soberana de México en “BBB-” con perspectiva estable, aunque advirtió que podrían surgir presiones a la baja si las autoridades no profundizan la consolidación y la deuda continúa aumentando rápidamente en el mediano plazo.
Hacienda, en tanto, reiteró que mantendrá una consolidación fiscal gradual, apoyada en mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto, con el objetivo de preservar la estabilidad económica, la inversión y las condiciones para un crecimiento sostenido.
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