Pagar la gasolina, el peaje en las autopistas o los trámites gubernamentales con billetes y monedas puede quedar pronto en el pasado.
Como parte del “paquete económico” de 2027, el Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que pretende acelerar la transición hacia el uso del dinero electrónico en la vida diaria de los mexicanos.
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Con esta propuesta, las autoridades persiguen metas muy claras: reducir el uso de dinero en efectivo, facilitar la fiscalización de las operaciones comerciales, optimizar la recaudación de impuestos, combatir el fraude y la informalidad, además de democratizar los servicios financieros mediante la reducción de costos y tiempos de transacción.
Una transición por etapas hacia 2030
El proyecto de ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar cuáles sectores económicos y actividades relevantes deberán adoptar los medios electrónicos como la única forma de pago permitida.
Una vez aprobada la normativa, la dependencia dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para dar a conocer la primera lista de giros de negocio que deberán adoptar exclusivamente los pagos electrónicos, entre los cuales pueden estar las gasolineras y las casetas de cobro de las carreteras.
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Para que este cambio no tome por sorpresa a la población, la propuesta prevé la creación de mecanismos y plazos de transición gradual.
De igual forma, la ley protege a los consumidores ante fallas de conectividad o emergencias informáticas: cuando surja alguna contingencia de red que impida realizar el cobro electrónico, la transacción en efectivo o mediante cheque será aceptada.
Las reglas del juego no aplicarán únicamente para los negocios privados; los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— tendrán la obligación de habilitar la infraestructura necesaria para aceptar cobros digitales en el pago de derechos, licencias, impuestos y servicios públicos.
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Asimismo, la transición no se limitará al uso de tarjetas bancarias tradicionales. La iniciativa impulsa el uso de transferencias bancarias mediante plataformas como SPEI, CoDi y DiMo, además de simplificar la apertura de cuentas bancarias de ahorro y créditos de forma remota.
Para facilitar estos trámites financieros digitales sin documentos en papel y sin presencia física, las entidades aceptarán la CURP Digital —Clave Única de Registro de Población (CURP)— y el “expediente digital ciudadano” como identificaciones oficiales y mecanismos de confianza.
Con este conjunto de medidas, el gobierno federal pretende consolidar una red de cobro eficiente que permita alcanzar la meta de que el 50% de las transacciones totales en el país se realicen de forma digital para el año 2030.
GC
