El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera que propone establecer un nuevo mecanismo para revisar determinadas adquisiciones por parte de la inversión extranjera cuando estén relacionadas con la seguridad nacional.

La propuesta busca modificar las facultades y la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para que la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional derivados de estas adquisiciones cuente con un enfoque especializado en la materia.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que la legislación vigente ya permite a la Comisión impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional, pero advierte que no establece parámetros y directrices para realizar este análisis, mientras que la evaluación que actualmente lleva a cabo la CNIE tiene un enfoque primordialmente económico.

Para establecer este nuevo mecanismo, la iniciativa propone crear el Título Sexto Bis, denominado “De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras”, en el que se fijan las condiciones bajo las cuales determinadas adquisiciones requerirán una resolución favorable de la Comisión.

El procedimiento sería obligatorio cuando la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más de 49% del capital social de una sociedad mexicana, siempre que el valor total de sus activos rebase el monto que determine la CNIE mediante una resolución general y que su actividad económica se encuentre entre las contempladas por la reforma.

Entre esas actividades se encuentran las infraestructuras estratégicas físicas o virtuales vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, actividades aeroespaciales y de defensa e instalaciones sensibles, así como los terrenos e inmuebles indispensables para el uso de dichas infraestructuras.

La iniciativa también incluye tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnología cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías.

A estas actividades se suman el suministro de insumos fundamentales, en particular energía y materias primas; la seguridad alimentaria; así como el acceso a información sensible, especialmente datos personales, o la capacidad de controlar esa información. La CNIE también podrá determinar mediante resolución general otras actividades o sectores económicos análogos o de naturaleza similar.

En caso de que el valor total de los activos de la sociedad mexicana no supere el umbral que establezca la Comisión, pero la participación que pretenda alcanzar la inversión extranjera sea superior a 49% del capital social, la presentación de la solicitud ante la CNIE será voluntaria.

El monto de activos que determinará qué operaciones deberán pasar por este procedimiento todavía no está definido. La iniciativa establece que la Comisión deberá fijarlo mediante una resolución general y publicarla en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir del día siguiente a la publicación del decreto.

Para reforzar el análisis en materia de seguridad nacional, la reforma propone incorporar a la CNIE a los titulares de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, junto con las dependencias que ya forman parte de la Comisión.

Cuando se traten asuntos relacionados con seguridad nacional, además participarían como invitados permanentes los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes tendrían voz, pero no voto.

Bajo el nuevo procedimiento, la solicitud de autorización deberá presentarse ante la Secretaría Técnica de la Comisión de manera conjunta por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero, mientras que la CNIE tendrá un plazo de 60 días hábiles para emitir su resolución.

Ese plazo podrá suspenderse una sola vez cuando la Comisión requiera información o documentación adicional. Asimismo, podrá ampliarlo por una ocasión hasta por 30 días hábiles cuando la complejidad del asunto lo justifique, para lo cual deberá fundar y motivar su determinación.

Si transcurren los plazos sin que la Comisión emita una resolución, la solicitud se entenderá negada y no operará la afirmativa ficta, de acuerdo con el proyecto de reforma.

Una vez realizada la evaluación, la CNIE podrá determinar que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional y declarar viable la adquisición; sujetar el proyecto a modificaciones para mitigar el riesgo; o impedir la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera por razones de seguridad nacional.

En los casos en que determine la inexistencia de riesgos o establezca medidas de mitigación, la resolución incluirá términos y condiciones específicos para cada operación, que podrán contemplar reportes periódicos de las partes involucradas y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional.

La iniciativa también dispone que los integrantes de la CNIE no podrán abstenerse de votar cuando se traten asuntos de seguridad nacional, por lo que deberán pronunciarse a favor o en contra. Los acuerdos relacionados con estos temas serán tomados por mayoría de los integrantes de la Comisión.

Junto con el nuevo mecanismo de revisión, el proyecto propone actualizar las sanciones previstas en la Ley de Inversión Extranjera para expresarlas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de incorporar multas específicas relacionadas con las nuevas disposiciones de seguridad nacional.

Así, cuando una sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera una participación accionaria a un inversionista extranjero pese a que la Comisión haya negado la autorización de la adquisición o sin haber obtenido previamente una resolución favorable, se impondría una multa de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA.

El mismo rango de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA se aplicaría cuando se incumplan las acciones de mitigación del riesgo establecidas por la Comisión.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo señala que la inversión extranjera es un elemento importante para el desarrollo económico y social del país, debido a que genera empleo, fomenta la innovación y contribuye al bienestar de la población. Al mismo tiempo, plantea mecanismos de protección y supervisión que aseguren el respeto a la seguridad nacional y los derechos de los inversionistas bajo principios de no discriminación, transparencia, previsibilidad y equidad procesal.

De ser aprobado por el Congreso, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las erogaciones que genere su implementación se cubrirían con el presupuesto aprobado para la Secretaría de Economía, sin autorizar ampliaciones presupuestarias para estos fines.

er