La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa del gobierno federal para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la que se pretende actualizar las reglas ambientales del país, impulsar el reciclaje para reducir la generación de basura y reconocer los “conocimientos ancestrales” de las comunidades en el cuidado de la naturaleza.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, informó en sus cuentas de redes sociales que el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al Congreso y será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, debate y eventual aprobación.

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El documento contó con la revisión de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de su respectivo análisis de impacto presupuestario.

La propuesta ya había sido presentada el 26 de agosto por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien explicó que la legislación vigente data de 1988 y ya no responde a los problemas ambientales actuales.

Entre otras cosas, las legislación vigente no habla del cambio climático como uno de los grandes desafíos que debe enfrentar la política ambiental mexicana.

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“Más que sanciones, lo que queremos es ser propositivos, es decir, que quienes van a hacer grandes proyectos hagan una evaluación estratégica integral”, explicó Bárcena Ibarra, sobre los enfoques de la nueva legislación.

¿Qué cambia con la nueva ley?

El proyecto plantea una política ambiental con mayor énfasis en la prevención, la restauración y la participación de las comunidades rurales e indígenas. La nueva legislación abarca los siguientes campos temáticos.

Cambio climático: se plantean herramientas para enfrentar sus efectos y un plan nacional de adaptación.

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Conservación: se crearán nuevas categorías de protección y fortalecimiento de la restauración de ecosistemas.

Evaluación ambiental: propone una revisión estratégica e integral para los grandes proyectos de inversión.

“Justicia ambiental”: amplía la participación ciudadana, la apertura de la información y la facilitación de mecanismos de justicia.

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Inclusión social: prevé compensaciones de financiamiento para quienes protegen Áreas Naturales Protegidas, además de que se otorga mayor certeza jurídica a pueblos y comunidades.

Gestión de residuos: promueve el reciclaje y el aprovechamiento de materiales para reducir la basura.

Protección del “patrimonio biocultural”: incorpora tanto los avances científicos y tecnológicos como los “saberes tradicionales” de las comunidades rurales e indígenas.

¿Qué resolverá el nuevo marco jurídico?

En la presentación de la nueva Ley, Alicia Bárcena explicó que la idea no consiste únicamente en aumentar las sanciones a quienes dañen al medio ambiente. El proyecto pretende prevenir daños antes de que ocurran y dar mayor certeza tanto a las comunidades como a quienes realizan inversiones, con reglas más claras para evitar conflictos “socioambientales”.

La propuesta parte de 10 principios, entre ellos que el patrimonio natural es base del bienestar, que “no puede existir justicia social sin justicia ambiental” y que conservar y restaurar los ecosistemas resulta tan importante como evitar su deterioro.

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La funcionaria también destacó que la iniciativa pretende cambiar la relación del país con sus residuos: pasar de una economía que desecha a otra que aprovecha los materiales. El proyecto plantea, además, una mayor protección para quienes defienden la naturaleza y una responsabilidad compartida sobre el “patrimonio biocultural”.

“Los cambios introducen paradigmas modernos de gestión ambiental, nuevos instrumentos de política pública y un régimen de responsabilidad ambiental más estricto”, dijo Alicia Bárcena.

El proyecto se encuentra abierto a comentarios en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria y ahora corresponderá a los legisladores estudiar sus alcances y, en su caso, modificar el texto antes de someterlo a votación.

GC