La fragilidad de las fuentes de ingresos del país y el ajuste en el gasto público amenazan los objetivos económicos del Gobierno Federal, al menos en el mediano plazo, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, de no corregirse las debilidades estructurales, el presupuesto público podría enfrentar complicaciones.

“Un gasto reprimido ayuda a mantener la salud fiscal, pero inhibe el crecimiento, reduce los ingresos públicos y afecta la inversión física y los programas sociales”, sostuvo.

El diagnóstico surge tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la oferta y demanda agregada del segundo trimestre, los cuales confirman el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos. Con cifras desestacionalizadas, la actividad económica por el lado de la oferta de bienes y servicios mostró un crecimiento de apenas 0.9% anual en el primer semestre.

De acuerdo con el Centro, este débil desempeño genera cautela respecto al cumplimiento de las metas de crecimiento incluidas en los Criterios de Política Económica 2026, “sobre todo cuando la debilidad de los principales indicadores económicos persiste y las expectativas de los especialistas y diversos organismos anticipan un avance inferior al 1%”.

El modesto aumento del PIB en la primera mitad del año provino, principalmente, del impulso de las exportaciones netas. Gracias a la posición geográfica del país y a los esfuerzos del sector exportador frente a la coyuntura internacional, las exportaciones se consolidaron como el principal motor de crecimiento durante los últimos cuatro trimestres. Según el Inegi, las exportaciones totales aumentaron 12.8% anual en el primer semestre, manteniendo un ritmo de expansión de dos dígitos desde mediados del año pasado.

El gasto en consumo del gobierno, reflejo del comportamiento del gasto corriente, también aportó positivamente al PIB, con un crecimiento de 1.1% anual. En contraste, el consumo privado registró su primera caída desde el primer semestre de 2021, con una baja de 0.1% anual, en línea con la debilidad del mercado laboral y el limitado dinamismo económico.

El CEESP destacó que la inversión privada representa el mayor foco de preocupación, ya que, tras ocho semestres consecutivos con resultados positivos, retrocedió 4.4% anual en el primer semestre. Este deterioro se atribuye en buena medida a la incertidumbre provocada por la reforma judicial y la falta de claridad en las reglas del Estado de derecho.

El organismo empresarial subrayó que para detonar el crecimiento económico se requiere una asignación suficiente y eficiente del gasto público, sobre todo en inversión física. Recordó que la infraestructura de calidad es un pilar esencial para impulsar la productividad y la competitividad.

“Las bondades de la inversión pública se reflejan en el mediano y largo plazos, siempre que sea rentable socialmente y capaz de detonar la inversión privada, principal fuente de empleos de calidad y bienestar para los hogares. No olvidemos que la inversión privada representa el 90% de la inversión total del país”, enfatizó el CEESP.

Sin embargo, el organismo lamentó que las políticas públicas recientes se hayan orientado más al gasto en consumo gubernamental que a la creación de condiciones que fomenten el desarrollo de empresas y ciudadanos.

Los programas asistenciales, añadió, absorben una gran cantidad de recursos, restando espacio a rubros como salud, educación e infraestructura. Según los datos de oferta y demanda, la inversión pública se contrajo 22.2% anual en el primer semestre, mientras que el reporte de la Secretaría de Hacienda muestra una caída de 33.7% en la inversión física durante enero-agosto.

Como proporción del PIB, la inversión pública representó apenas 2.2% en el segundo semestre del año, el nivel más bajo desde que el Inegi comenzó a registrar esta serie en 1993.

“El fortalecimiento de la inversión pública es clave para apuntalar el crecimiento, ya que los proyectos con rentabilidad social mejoran la competitividad y la productividad del país mediante infraestructura y servicios que impactan positivamente en salud, educación y seguridad”, señaló el CEESP.

El organismo concluyó que además de robustecer las fuentes de ingreso, es indispensable mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

“Definir cuánto se gasta, quién lo hace y para qué, es fundamental para lograr una asignación más eficiente que incida directamente en el crecimiento económico y el bienestar de las familias”, subrayó.

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