El gobierno federal renovó el seguro para catástrofes, correspondiente a la temporada 2026-2027, con una cobertura total de 10,400 millones de pesos (mdp), monto que duplica la suma asegurada del esquema anterior y fortalece la capacidad financiera del Estado en la atención de posibles emergencias provocadas por fenómenos naturales de gran magnitud.
La contratación del instrumento se da a conocer al inicio de la temporada de huracanes, en un contexto marcado por el aumento de riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos y otros desastres naturales que pueden afectar a distintas regiones del país.
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El seguro tendrá vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y ofrecerá cobertura en todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media y alta, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un comunicado.
La dependencia explicó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de protección del patrimonio público federal y garantizar recursos para responder con mayor rapidez a las necesidades de la población en caso de una contingencia.
El esquema está integrado por dos componentes. El primero corresponde a un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos (mdp), destinado a cubrir daños de menor magnitud. El segundo consiste en un seguro paramétrico por 10,000 millones de pesos (mdp), diseñado para activar apoyo financiero ante catástrofes de alta severidad.
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La empresa encargada de proporcionar la cobertura será Agroasemex, institución especializada en la administración de riesgos relacionados con fenómenos naturales.
La SHCP explicó que este seguro forma parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos impulsada por el gobierno federal para proteger bienes públicos e infraestructura estratégica.
A este mecanismo se suman los seguros patrimoniales contratados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como el Bono para Catástrofes y los recursos presupuestales previstos en el Ramo 23 para la atención de emergencias.
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Con la renovación de este instrumento, el gobierno pretende contar con una mayor capacidad de respuesta financiera frente a desastres naturales y reducir el impacto que estos eventos puedan generar sobre las finanzas públicas y la población afectada.
GC
