Las 32 entidades federativas del país han retrocedido cerca de 20 años en la publicación y difusión de la información sobre sus finanzas públicas locales, al alcanzar niveles de opacidad que no se veían desde 2003. Hoy en día, los gobiernos locales publican cada vez menos datos fundamentales sobre la administración del dinero público.

Entre los vacíos más graves sobresale la falta de transparencia en los salarios del Ejecutivo y de los funcionarios de las secretarías, la ausencia de reportes detallados sobre los gastos de representación por dependencia, así como el ocultamiento de los padrones de beneficiarios de programas y servicios sociales.

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Este severo deterioro fue revelado por la consultora Aregional en su más reciente reporte del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026.

La evaluación arrojó un promedio nacional reprobatorio de apenas 59.28 puntos en una escala de cero a 100. La cifra representa el sexto año consecutivo a la baja para este indicador y marca una pérdida de 1.94 puntos respecto a la medición de 2025, lo que confirma una tendencia de desinterés de las autoridades locales para rendir cuentas.

Jalisco y Querétaro lideran; el resto del país se rezaga

En medio de este escenario de opacidad, únicamente cuatro estados lograron colocarse por encima del umbral de los 75 puntos. Los mejor evaluados de todo el país fueron Querétaro, que se mantuvo en el primer lugar nacional por quinto año consecutivo con un puntaje de 97.86 puntos, y Jalisco, ubicado en el segundo sitio con 93.55 puntos.

Ambos fueron las únicas entidades clasificadas como transparentes gracias a que publican datos completos, actualizados y con métodos aceptables.

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En el grupo con un nivel de desempeño suficiente figuraron Guanajuato, con 88.41 puntos; Sinaloa, con 78.90; Hidalgo, con 77.62, y Puebla, con 76.40 puntos.

En el extremo opuesto, el estudio evaluó diversos objetos de gasto e ingreso, de los cuales el incumplimiento de la mayoría de los estados resultó alarmante.

Uno de los mayores agujeros negros se ubica en la deuda pública, ya que 75% de las entidades incumple con dar a conocer el estado de sus compromisos de deuda, los intereses o el endeudamiento neto.

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Además, 71% de los gobiernos no hace público su padrón de beneficiarios de programas sociales; 62% oculta sus gastos de representación; 57% no transparenta la información sobre obras públicas licitadas o asignadas directamente, y 53% omite publicar la nómina de sus altos funcionarios.

En materia de planeación, 58% de las entidades incumplió con presentar su programa anual de adquisiciones.

Los aspectos peor calificados dentro del índice fueron las estadísticas fiscales, que obtuvieron un cumplimiento de apenas 45.1%, y los costos operativos de la gestión gubernamental, que se ubicaron en 47.7%.

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El reporte de Aregional dejó ver que 26 de los 32 estados obtuvieron una calificación deficiente de menos de 75 puntos. Peor aún, 18 entidades quedaron francamente reprobadas al ubicarse por debajo del ya de por sí bajo promedio nacional. 

En la parte más baja de la lista se colocaron 10 gobiernos que no alcanzaron ni siquiera 50 puntos: Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Sonora, Oaxaca y Nayarit, mientras que en los últimos dos lugares se ubicaron Guerrero, con 35.30 puntos, y Aguascalientes, con apenas 34.12 puntos.

GC