La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas relativas en el fútbol profesional mexicano, luego de determinar que cuenta con indicios suficientes para iniciar el procedimiento.
La indagatoria comprende el mercado de “Afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”, para el cual la autoridad publicó el acuerdo de inicio correspondiente.
La decisión se tomó después de varios meses de seguimiento a noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas, así como del análisis de hechos recientes que podrían constituir abusos de poder de mercado y afectar esta actividad en el país.
La Comisión señaló que el fútbol tiene un impacto relevante en la actividad económica nacional debido a su popularidad, el número de espectadores que reúne y la cantidad de bienes y servicios vinculados con este deporte.
De acuerdo con información de fuentes públicas, México es el segundo país del mundo con más aficionados al fútbol y esta actividad moviliza aproximadamente a 250,000 personas cada fin de semana.
Según esas mismas fuentes, la final de la Copa del Mundo 2026 habría registrado solamente en México una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas, mientras que la industria generó más de $52,000 millones de pesos en 2024 y aproximadamente 150,000 empleos al año.
La CNA aclaró que la apertura de la investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de algún agente económico.
Si después de la investigación y, en su caso, del procedimiento subsecuente se acredita alguna responsabilidad, el Pleno de la Comisión podrá imponer sanciones de hasta 10% de los ingresos anuales del agente económico y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.
Finalmente, la CNA reiteró su compromiso de procurar que los beneficios de la competencia alcancen a toda la población y evitar que los mercados sean afectados por conductas anticompetitivas.
