La modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que busca limitar las deducciones fiscales de empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos anuales, podría reducir la inversión productiva, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis económico semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la medida también podría limitar la capacidad de crecimiento de las compañías y afectar el crecimiento potencial de la economía, así como la propia recaudación futura.

Este impacto estaría relacionado con la mayor carga fiscal que enfrentarían las empresas sujetas a las nuevas disposiciones, estimada por el CEESP en aproximadamente 81,784 millones de pesos adicionales, lo que reduciría los recursos disponibles para expandir sus operaciones, invertir y atender otras obligaciones financieras, como el pago de intereses.

Para dimensionar el efecto de este monto sobre la actividad empresarial, el organismo señaló que equivaldría al 16% de la inversión realizada por estas compañías, lo que podría comprometer sus planes de expansión.

De acuerdo con información del Censo Económico 2024, las empresas que cumplen con el criterio de ingresos establecido representan 15% de las unidades económicas del país, de las cuales 98.5% son formales. En conjunto, estas compañías emplean a 11.1 millones de personas, de las cuales 99% cuenta con un empleo formal.

La limitación de las deducciones forma parte de los cambios fiscales contemplados en el Paquete Económico 2027, aprobado por el Congreso, que prevé ingresos totales por 10.6 billones de pesos, un crecimiento real de 1.1% respecto a los 10.2 billones de pesos aprobados para 2026.

De esos recursos, 59% provendrá de la recaudación de impuestos, la mayor participación registrada al menos desde 2010. El Impuesto sobre la Renta se mantendrá como la principal fuente de ingresos tributarios, con 53% del total, seguido del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 28%, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 13%.

En cuanto al gasto público, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla un gasto neto total de 10.64 billones de pesos, equivalente a un incremento real de 1.1% frente al presupuesto aprobado para 2026, mientras que el déficit presupuestario previsto asciende a 1.36 billones de pesos, alrededor de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Del gasto programable, que suma 7.43 billones de pesos y representa 70% del presupuesto, aproximadamente 60% se destinará a gasto corriente, 25% a pensiones y jubilaciones y 15% a inversión.

Para el CEESP, esta distribución refleja la concentración de recursos en compromisos recurrentes, lo que reduce la flexibilidad presupuestaria y puede generar presiones sobre la inversión pública y otros componentes del gasto susceptibles de ajuste.

A estas presiones se suma el costo financiero de la deuda pública, que alcanzaría un billón 575 mil millones de pesos en 2027, equivalente a 4% del PIB y superior a los recursos presupuestados para los programas sociales prioritarios, que ascienden a un billón 25 mil millones de pesos.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública total llegaría a 21.7 billones de pesos al cierre de 2027, equivalente a 55% del PIB. Según el CEESP, su crecimiento, asociado a un déficit de 3.9% del PIB en 2027, responde en buena medida al bajo crecimiento económico y, por tanto, a una menor recaudación, además de las presiones derivadas de los programas sociales, el pago de pensiones y la continuidad de los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este escenario, agregó el organismo, ha reducido el espacio fiscal del país, entendido como el margen de maniobra financiera del Gobierno Federal para ejercer recursos de manera flexible.

Por otra parte, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) autorizó un techo de endeudamiento interno neto para el Gobierno Federal de 1.7 billones de pesos, monto inferior en 80 mil millones de pesos al aprobado para 2026, lo que representa una reducción real cercana a 7.5%.

No obstante, desde 2024 el endeudamiento ha ganado relevancia como fuente de financiamiento y se ubica entre los seis principales conceptos de recursos del Gobierno Federal, frente a la décima posición que ocupaba en años anteriores.

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