La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por más de 500 millones de pesos (mdp) a ocho entidades empresariales y varias personas físicas por coludirse para manipular los precios de las rentas de establecimientos comerciales en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Los sancionados son Administradora Fibra Danhos, S.C.; Grupo Gicsa, S.A.B. de C.V.; El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.; Acosta Verde, S.A.B. de C.V.; Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.; Desarrolladora Mexicana de Inmuebles, S.A. de C.V. (DMI); Grupo Aryba, S.A. de C.V.; la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), así como diversas personas físicas vinculadas con la conducta investigada, informó la Comisión, a través de un comunicado.
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Según la resolución, las empresas acordaron entre sí las condiciones de alquiler que ofrecieron a los arrendatarios de locales comerciales en centros comerciales, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Entre las prácticas detectadas destacan la fijación de descuentos máximos en las rentas y la negativa coordinada a otorgar reducciones adicionales a los inquilinos afectados por el cierre de actividades.
La Comisión consideró que, aun en un contexto extraordinario como el de la pandemia, la legislación en materia de competencia económica continuó vigente y prohibió cualquier coordinación entre competidores para definir precios o condiciones comerciales.
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La autoridad precisó que cada empresa tenía la libertad de negociar de manera individual los apoyos o descuentos para sus locatarios. Sin embargo, la infracción consistió en pactar previamente esas condiciones con otros participantes del mercado, lo que eliminó la competencia entre los propietarios y administradores de centros comerciales.
Como consecuencia de estos acuerdos, la Comisión estimó un daño económico cercano a 404 mdp.
El organismo advirtió que las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario afectan a miles de comercios que dependen de la renta de espacios para operar y pueden repercutir en el empleo, así como en los precios de bienes y servicios para los consumidores.
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Los agentes económicos sancionados aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales especializados.
GC
