Los gobiernos de México y Estados Unidos dieron por cerrado el caso laboral contra Alimentos Grole, en Ciudad Obregón, Sonora, luego de confirmar que la empresa cumplió las medidas para reparar las violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva denunciadas por sus trabajadores.

El pasado 16 de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la compañía había cumplido el acuerdo reparatorio. Solo faltaba que el gobierno estadounidense validara las acciones, lo que permitió concretar el cierre del expediente dentro del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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El conflicto surgió por la negativa de la empresa a reconocer al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (Sities) como representante de los trabajadores.

La investigación mexicana detectó indicios de interferencia patronal en la vida sindical, entre ellos el despido de empleados por sus preferencias o actividades sindicales, amenazas contra una persona que promovía una asamblea y la negativa a negociar con el Sindicato reconocido, informó la STPS este lunes, a través de un comunicado.

También se reportó la promoción de un comité interno con funciones de representación colectiva y la imposición de vacaciones a cinco integrantes de un comité ejecutivo sindical.

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Como parte de la reparación, Alimentos Grole pagó salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones a 12 personas.

Además, difundió un compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, capacitó a su personal y adoptó una política de tolerancia cero frente a cualquier intromisión patronal.

La compañía también acordó permitir el ingreso de representantes sindicales a la planta mediante un protocolo convenido con el Sindicato, habilitó canales anónimos para denunciar irregularidades y difundió mecanismos para presentar quejas ante las autoridades.

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La STPS verificó las medidas mediante visitas a las instalaciones y actividades de capacitación sobre libertad sindical y negociación colectiva. Directivos de la empresa reconocieron públicamente las prácticas ilegales y asumieron el compromiso de evitar que se repitan.

Tras revisar los avances, ambos gobiernos concluyeron que las acciones fueron suficientes para reparar las afectaciones y acordaron cerrar el caso.

GC