El gobierno federal anunció la compra de cerca de 6,000 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2027-2028, con ahorros de casi 70,000 millones de pesos (mdp) por la reducción de costos y la eliminación de sobreprecios, mientras reconoció que persisten problemas de abasto en hospitales públicos por incumplimientos de proveedores, fallas de distribución e incluso casos de robo de fármacos por personal de las unidades médicas.

En medio de movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes demandan aumentos salariales y abasto suficiente de medicamentos y material médico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, expusieron los avances de la compra consolidada y las medidas para garantizar las entregas a partir de enero de 2027.

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Clark García Dobarganes explicó que 40 empresas quedaron fuera de los procedimientos de adquisición para 2027-2028, debido a incumplimientos en el suministro durante el periodo 2025-2026. En los procesos suelen participar entre 250 y 300 compañías, pero el gobierno colocó la garantía de entrega como condición prioritaria.

La estrategia de contratación se apoya en la compra directa a fabricantes y en subastas inversas competitivas, en las que los proveedores ofrecen precios a la baja.

El proceso incluyó un año y medio de preparación, más de 100 reuniones con especialistas médicos y cerca de 5,000 comentarios de la industria farmacéutica, recibidos durante dos meses y medio de consulta.

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Las empresas adjudicadas conocieron con nueve meses de anticipación los volúmenes requeridos, con casi cinco meses antes de la primera entrega, prevista para enero de 2027.

Entre los ejemplos citados figuran 100 millones de piezas de metformina y 40 millones de empagliflozina. El gobierno también dio preferencia a la industria establecida en México.

Los costos y los ahorros

Con base en estos mecanismos de contratación, el gobierno federal obtuvo los siguientes resultados para la compra consolidada 2027-2028.

* Cerca de 6,000 millones de piezas: medicamentos y material de curación para 2027-2028.

* 35,000 mdp: gasto asociado a las adquisiciones para 2027

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* 45,000 mdp: ahorro estimado en las compras de 2025 y 2026 frente a los costos anteriores

* Casi 70,000 mdp en total: ahorro que el gobierno atribuye a la eliminación de sobrecostos.

El funcionario reconoció que el abasto aún presenta rezagos, pero rechazó que la responsabilidad recaiga en médicos, enfermeras o demás personal sanitario. Atribuyó parte de los problemas a empresas que no cumplen con las entregas y a deficiencias logísticas que dificultan el traslado de los insumos desde los almacenes hasta los hospitales.

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No obstante, admitió que existen casos de venta ilegal de medicamentos que pertenecen al sector público.

Eduardo Clark explicó que las autoridades tienen registros de fármacos que salen de unidades médicas y aparecen a la venta fuera de ellas, pese a que sus empaques advierten que son propiedad exclusiva del sector salud. La Secretaría de Salud atiende estos casos, aunque el funcionario no presentó cifras sobre su magnitud.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, dijo el funcionario.

Pagos pendientes y contratos bajo investigación

Sobre los adeudos con proveedores, Clark García Dobarganes informó que durante el último mes se destinaron cerca de 10,000 mdp al pago de medicamentos entregados a principios de 2026, cuyos trámites llevaban meses pendientes.

Con esos recursos, el funcionario aseguró que los procesos de pago sin resolver se redujeron a más de la mitad y el gobierno espera liquidar el resto antes de concluir el año.

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Eduardo Clark advirtió que no existe justificación para suspender las entregas de enero por falta de pago, pues las autoridades avanzan en la regularización de los adeudos.

También expuso irregularidades en contratos de distribución. Citó un acuerdo en el Estado de México, vigente entre 2022 y 2023, por hasta 1,700 mdp, que delegó a una empresa privada la operación de farmacias hospitalarias que antes correspondía al personal del sistema público.

La compañía no fue identificada porque el caso está bajo investigación.

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Tras nuevas licitaciones y subastas, el gobierno reportó una reducción de 32% en el costo anual de distribución y un aumento de entre 30% y 40% en las piezas trasladadas cada mes a los centros de salud.

Según Eduardo Clark, los sobrecostos por pieza en esos esquemas podían superar entre 50% y 60%.

El funcionario afirmó que la eliminación de estos contratos ha afectado intereses económicos y adelantó que la administración pretende ampliar la operación pública de la distribución de medicamentos para reducir costos y mejorar el suministro.

GC