El gobierno mexicano violó el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al no otorgar un “trato justo y equitativo” a la empresa Vulcan Materials —a través de su filial Sac Tun—, por haber clausurado en 2018 uno de sus predios de extracción de piedra caliza, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El gobierno mexicano fue condenado a pagar a Vulcan Materials —originaria de Estados Unidos— una cantidad de 15.9 millones de dólares (mdd), más intereses, a manera de indemnización.

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) publicó este miércoles el texto completo de su resolución sobre este caso, en el cual refiere que el gobierno mexicano abusó de sus facultades y desconoció al TLCAN, para cerrar uno de los predios de la empresa Sac Tun, lo que consecuentemente generó perjuicios económicos a la compañía.

El predio en cuestión se llama “el Corchalito”, mismo que forma parte de las amplias instalaciones que tiene Vulcan Materials en Playa del Carmen para la extracción de piedra caliza. En su momento, el gobierno mexicano decidió actuar en contra de la compañía, al acusarla de sobreexplotar los materiales pétreos y provocar un severo daño ambiental.

En el laudo arbitral, el Ciadi también resolvió que cada uno de los litigantes —las partes en conflicto— asuma sus gastos generados por esta disputa, además de que desestimó otras acusaciones de la compañía contra el gobierno mexicano.

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El 28 de julio pasado, el Centro dio a conocer que llegó a una resolución sobre el caso y refirió, en términos generales, que solo iba a concederle la razón a Vulcan Materials por el cierre del predio “el Corchalito” y que, por tanto, desechaba los demás alegatos de la compañía contra el gobierno mexicano.

Asimismo refirió que iba a establecer una indemnización, en beneficio de la empresa minera y con cargo al Estado mexicano, pero que posteriormente se iba a precisar con la publicación del laudo completo, lo cual ocurrió este miércoles.

Sobre la publicación de la resolución final y sus alcances, las partes reaccionaron a través de sendos comunicados, para dar su punto de vista. Por un lado, Vulcan Materials manifestó su beneplácito al considerar que la resolución del Ciadi puso en evidencia las “arbitrariedades” del gobierno mexicano, además de que puso el dedo en la llaga del riesgo que corren las inversiones estadounidenses en suelo mexicano.

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“El trato ilícito de México hacia una empresa estadounidense plantea interrogantes fundamentales sobre los derechos de propiedad, el Estado de derecho y si se puede confiar en que México cumplirá los compromisos esenciales para fomentar la prosperidad económica bilateral”, aseguró la compañía en un comunicado.

Sin embargo, la Secretaría de Economía de México dejó ver una actitud más defensiva, al rechazar lo que estimó como interpretaciones exageradas de Vulcan Materials sobre el laudo arbitral y sus alcances jurídicos, ya que “de las medidas reclamadas (…) únicamente una fue considerada incompatible con el TLCAN”, es decir, la relativa al predio clausurado.

Y si bien existe una obligación de pagar una indemnización a la compañía, el monto es menor al 1% de la cantidad máxima que Vulcan Materials reclamaba.

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La dependencia también rechazó los señalamientos de la compañía en el sentido de que “esta disputa va más allá” del caso Vulcan, ya que los actos reclamados solo se limitan al litigio en Quintana Roo.

“Como simple ejemplo, tal afirmación desconoce el hecho de que México es el principal destino de inversión proveniente de Estados Unidos”, refirió la Secretaría de Economía, quien invitó a los interesados a consultar directamente la resolución del Centro.

El gobierno mexicano dijo seguir abierto al diálogo para tratar de llegar a un acuerdo de mutuo beneficio con la empresa; sin embargo, Vulcan Materials adoptó un tono desafiante al referir que otros reclamos como la incursión de efectivos militares al predio en cuestión en mayo de 2022 siguen sin tener respuesta, lo que “puede dar lugar a consecuencia jurídicas, diplomáticas y económicas adicionales”.

GC