La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) aplicó en lo que va del año unas 160 sanciones a diversas empresas del sector ferroviario debido a múltiples omisiones y fallas detectadas en el mantenimiento de la infraestructura que tienen a su cargo.
Lo anterior, derivado de la ampliación de las verificaciones técnicas en los trayectos de ferrocarril donde convivirán los futuros trenes de pasajeros con el transporte de carga.
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Las revisiones de los inspectores han detectado deficiencias operativas en el resguardo del derecho de vía y falta de mantenimiento preventivo en tramos concesionados, informó Adrián Lajous Loaeza, director general de la Agencia, en la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Según el marco regulatorio vigente desde 1997 —año en que se otorgaron los títulos de concesión por un plazo de 50 años—, compañías como Canadian Pacific Kansas City (CPKC), Ferromex y Ferrosur —pertenecientes a Grupo México—, Línea Coahuila Durango y Ferrocarril del Valle de México (Ferrovalle) asumieron el compromiso legal de conservar las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.
Entre las obligaciones establecidas en los contratos destacan la atención permanente a las vías, la preservación de las franjas de seguridad y la prestación de servicios comerciales bajo parámetros de eficiencia.
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Las empresas recibieron los activos del Estado con la responsabilidad explícita de devolverlos en condiciones idénticas o superiores a las iniciales, sin permitir el deterioro del patrimonio nacional, explicó el funcionario.
“Se está haciendo una revisión mucho más profunda de la que se hacía tradicionalmente. Sólo por dar un ejemplo, en lo que va de 2026 son más de 160 sanciones que se han puesto a las ferroviarias por motivos de fallas de infraestructura”, dijo Andrés Lajous.
A pesar del endurecimiento en la supervisión de la infraestructura ferroviaria, hace unas semanas se presentó un accidente ocurrido en Naco, Sonora, donde un descarrilamiento de un convoy de Ferromex provocó el derrame de más de 70,000 litros de hidrosulfuro de sodio, sustancia química de alta peligrosidad.
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Ante este hecho, las autoridades ambientales abrieron procedimientos para deslindar responsabilidades e iniciar las labores de remediación ecológica en la zona afectada.
GC
