La estación de servicio es el último punto visible antes de que el combustible llegue al consumidor. Por eso, suele concentrar la atención pública. Sin embargo, antes de llegar ahí, el producto pasa por una cadena que comprende importación, transporte, almacenamiento, comercialización y distribución.

Encontrar una anomalía en el tanque de una estación es un hallazgo que debe investigarse, pero no demuestra, por sí solo, quién modificó el producto.

Para reconstruir lo ocurrido, hay que preguntar: ¿quién vendió y transportó el combustible?, ¿dónde se almacenó?, ¿hubo transferencias intermedias?, ¿coinciden los volúmenes y los documentos?, ¿existen análisis anteriores que permitan comparar su calidad?

Entender esta diferencia permite proteger al consumidor y evitar acusaciones sin pruebas contra empresas que pudieron haber recibido el combustible con la anomalía ya presente.

México está dando un paso importante para combatir el mercado ilícito de combustibles. La estrategia busca seguir el recorrido del producto mediante permisos, facturas, registros de los litros que entran y salen, y el seguimiento de su transporte. Sin embargo, hay una pregunta que debe estar en el centro de cualquier investigación: ¿quién altera realmente los combustibles y en qué punto de la cadena ocurre esa modificación?

La estrategia actual busca conectar la importación, el almacenamiento, la comercialización, la distribución y la venta al público. Para ello, cruza información sobre permisos, operaciones comerciales, volúmenes, impuestos y transporte, con el propósito de detectar inconsistencias. El análisis contenido en el Mercado de combustibles también incorpora la calidad de los hidrocarburos como parte de esa información.

El planteamiento es correcto, pero necesita abarcar todo el recorrido del combustible. Una cosa es demostrar de dónde salió, cuántos litros se movieron, quién los facturó y quién los recibió. Otra es comprobar qué producto había realmente dentro del tanque en cada etapa y si conservó sus características.

La revisión debe abarcar todos los eslabones, porque el análisis gubernamental identifica inconsistencias en distintas etapas. Según el material citado, en 2025 se reportó un desbalance de 8.824 millones de litros sin origen comprobado, de los cuales 6.352 millones de litros correspondieron a comercializadores. El documento advierte que ese desbalance no equivale automáticamente a un robo probado y requiere validación caso por caso.

Una diferencia entre documentos o volúmenes puede justificar una investigación. Sin embargo, por sí sola no demuestra que alguien haya cambiado la composición de un combustible. Un problema de registros y una alteración del producto son situaciones distintas que deben investigarse y probarse por separado.

Cada registro responde a una pregunta distinta. La factura acredita una operación comercial; el pedimento, es decir, el documento aduanero, aporta información sobre la importación. Los controles volumétricos comparan los litros recibidos, almacenados y vendidos. La geolocalización permite seguir el vehículo que los transporta, y el permiso indica qué actividad está autorizada. Sin embargo, para investigar una posible alteración, también hay que comprobar las características del combustible.

El esquema analizado plantea que deben coincidir tres registros: físico, fiscal y regulatorio. En términos sencillos, los litros transportados, la factura, el permiso y la ruta deben corresponder a una misma operación. Si no coinciden, se pierde la capacidad de reconstruir con certeza el recorrido del producto.

El siguiente paso debería incorporar una cuarta dimensión: la identidad fisicoquímica del combustible, es decir, su composición y sus propiedades físicas y químicas.

Por eso, seguir el recorrido del combustible exige responder dos preguntas: ¿de dónde viene y el producto que llegó conserva las características del que salió?

La segunda pregunta requiere comparar la calidad del producto durante su recorrido. Si una muestra presenta una desviación, el hallazgo abre otra interrogante: ¿dónde ocurrió esa modificación?

Detectar una posible anomalía al final de la cadena no basta para atribuirla automáticamente a quien tenía el combustible durante la inspección. Es necesario reconstruir el recorrido hacia atrás, desde el lugar del hallazgo hasta el origen documentado del producto.

La documentación es el punto de partida de una investigación seria, no necesariamente su conclusión. Ante una sospecha, es necesario reconstruir la historia del producto: su origen, compra y venta, volumen, propietario, comercializador, transporte, almacenamiento, distribución y estación que lo recibió.

La revisión debe conectar documentos, volúmenes, transferencias, inventarios, rutas y participantes. Cuando existan datos técnicos comparables, también debe contrastar la composición y las propiedades del combustible en los distintos puntos de control.

Para reconstruir cada operación, México necesita reunir cinco elementos:Documentación + volumen + ubicación + lote + calidad fisicoquímica.

El lote permite identificar el conjunto de combustible que se está siguiendo. Si sus características son unas al recibirse y distintas en una entrega posterior, la comparación ayuda a delimitar el tramo donde apareció el cambio. Así, la autoridad puede concentrar la investigación en una parte concreta del recorrido.

Una investigación sólida debe establecer qué características tenía el combustible en su origen, cuáles presentaba al llegar a otras instalaciones, qué registros de calidad existen durante su almacenamiento y cómo se encontraba cuando llegó a la estación de servicio.

Si aparecen diferencias significativas, debe investigarse en qué punto surgieron y quién tenía la responsabilidad correspondiente sobre el producto en ese tramo.

El principio debe ser muy claro: la responsabilidad debe localizarse mediante evidencia y no únicamente mediante sospechas.

La estrategia gubernamental ya contiene elementos para avanzar en esa dirección. Los materiales analizados consideran registros de existencias, recepciones y ventas, junto con información fiscal y de permisos. Para el almacenamiento, también contemplan entradas, inventario, calidad y salidas.

El reto es conectar esos registros con los análisis del combustible de manera sistemática. No se trata de añadir trámites innecesarios, sino de reducir la incertidumbre y evitar sospechas infundadas.

Este enfoque también ayudaría a distinguir conceptos que suelen confundirse: combustible ilegal, producto sin origen comprobado, diferencias entre litros registrados, incumplimientos fiscales, documentos irregulares y problemas de calidad o de cumplimiento de las especificaciones.

Los materiales analizados advierten del riesgo de falsos positivos: casos que parecen irregulares, pero cuya irregularidad no queda demostrada. También señalan que, sin reconstruir el recorrido del producto y respetar el debido proceso, un aseguramiento puede no sostenerse.

Por ello, deben revisarse los aspectos legales y documentales, comprobar el movimiento físico y los volúmenes y, si se investiga la calidad, reunir análisis suficientes del combustible. La conclusión debe responder si hubo una modificación y dónde pudo producirse, en lugar de limitarse a señalar dónde se encontró.

La nueva reforma aduanera también destaca, en lo relativo a hidrocarburos y petrolíferos, la importancia de la prueba documental y de acreditar la infracción antes de aplicar las consecuencias previstas.

Ese mismo principio debería trasladarse a cualquier investigación relacionada con la calidad del combustible: primero investigar y demostrar; después, determinar responsabilidades.

El objetivo no debería ser aumentar el número de señalados, sino mejorar la capacidad de identificar responsabilidades con pruebas verificables.

Cada herramienta aporta una pieza: los documentos reconstruyen las operaciones comerciales; los controles volumétricos comparan litros; la geolocalización sigue las rutas; los permisos delimitan las actividades autorizadas, y los análisis permiten conocer las características del combustible.

México está construyendo un sistema más amplio para conectar permisos, documentos fiscales, volúmenes y transporte. El material analizado describe una estrategia que cruza información desde la importación hasta la venta al público, detecta inconsistencias y coordina respuestas administrativas, fiscales y judiciales.

El éxito no debería medirse únicamente por cuántos litros presentan diferencias documentales, cuántas empresas se revisan o cuántas alertas se generan. También debe evaluarse por la capacidad de reconstruir el recorrido del combustible y demostrar dónde apareció una irregularidad.

Seguir las facturas, los volúmenes y las rutas es indispensable. Pero, cuando se investiga una posible alteración de un combustible, también hay que comparar su composición y sus propiedades a lo largo del recorrido.

Así será posible distinguir con mayor certeza entre un documento irregular, una diferencia de litros, un origen no comprobado y una modificación del combustible.

El seguimiento del producto servirá entonces no solo para fiscalizar, sino también para aportar certeza técnica, respetar el debido proceso y determinar responsabilidades con pruebas.

México necesita un seguimiento que no solo indique quién compró, quién vendió y cuántos litros movió, sino que también establezca qué producto recibió cada participante y qué producto entregó al siguiente.

Ya no se trata solamente de determinar quién tenía el combustible cuando fue inspeccionado.

La pregunta es: ¿dónde y cuándo se alteró el combustible y quién lo tenía bajo su responsabilidad?

Combatir el mercado ilícito requiere controles firmes. Pero demostrar quién altera realmente los combustibles exige evidencia desde su origen hasta su entrega al consumidor. No basta con saber dónde se encontró el problema: hay que demostrar dónde ocurrió y quién fue responsable.

Autor: Ramses Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos