La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) exhortó a los mexicanos a no comprar facturas o comprobantes fiscales digitales con el propósito de pagar menos impuestos, pues se trata de un delito por el que se aplica todo el rigor de la ley. A través de un comunicado, el organismo alertó sobre personas que están lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, a los que se conoce como empresas fantasma o EFOS, porque facturan operaciones, compras o servicios que nunca se llevaron a cabo, es decir, simulan que los contribuyentes a quienes les expiden las facturas les compraron algún bien o les prestaron un servicio. Refiere que la intención de estas empresas fantasma es convencer a los contribuyentes de que al comprar estas facturas reducirán sus impuestos, a cambio del pago a la empresa de una comisión, que regularmente atiende a un porcentaje del monto de la factura. Ante ello, la Prodecon señala que los contribuyentes no deben perder de vista que al “comprar” esas facturas o comprobantes fiscales digitales se están convirtiendo en EDOS, es decir, en personas o empresas que simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos, al deducir esas facturas se convierten en partícipes de esquemas de operaciones fraudulentas que pueden tipificar uno o varios delitos. Para prevenir, la procuraduría invita a los contribuyentes a conocer la lista de empresas que hasta ahorita se han identificado como fantasma, y la cual se encuentra en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde el 1° de enero de 2014. Asimismo, Prodecon señala que en caso de que el SAT por error identifique a algún contribuyente como EFO o EDO y éstos puedan demostrar que en realidad sí realizaron las operaciones que amparan los comprobantes fiscales digitales, la procuraduría puede ayudarles. Finalmente, Prodecon destacó que está comprometida con los contribuyentes que actúan de buena fe, ya que son los que con su esfuerzo y trabajo aportan para el sostenimiento del gasto público y social de nuestro país; en cambio, el rigor de la ley debe aplicarse sobre quienes mediante simulaciones generan una competencia desleal a los empresarios honestos y afectan a la sociedad con sus delitos”. ERC