La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso penal abierto contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles tiene bases sólidas, ya que las autoridades reunieron una amplia cantidad de evidencias en la investigación.
“Tienen muchísimas pruebas. No es menor”, expresó la mandataria al referirse al expediente que ha integrado la Fiscalía General de la República (FGR).
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Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio y permanece internado en el penal federal de alta seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, por la presunta introducción de petrolíferos al país sin cubrir las contribuciones fiscales correspondientes, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
También fueron capturadas otras ocho personas identificadas como presuntos integrantes de esta red criminal.
La mandataria explicó que las investigaciones atribuyen a la empresa Ingemar, vinculada con el exmandatario estatal, un esquema de “huachicol fiscal” mediante dos mecanismos.
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Uno consistía en declarar un volumen inferior al combustible realmente importado, con el propósito de reducir el pago de impuestos. El segundo consistía en registrar la mercancía como si fuera otro producto, lo que permitía ocultar el tipo de carga y evadir el pago de impuestos de importación.
“La empresa importaba de las dos maneras: reportando menos volumen o reportando que traía otro producto que no era combustible”, comentó Sheinbaum Pardo.
Hallazgo en Coahuila abrió la investigación
La presidenta relató que la investigación comenzó hace aproximadamente un año, después del hallazgo de varios ferrotanques con combustible abandonados en Coahuila.
Ese descubrimiento permitió reconstruir la ruta de los cargamentos, revisar documentos comerciales y registros aduaneros, además de identificar posibles irregularidades en las operaciones de importación y distribución de los hidrocarburos.
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“A partir de ahí se hace toda la investigación”, comentó la mandataria, quien precisó que las autoridades también analizan cuántas operaciones similares se realizaron mediante el mismo mecanismo, el impacto económico del fraude y la posible participación de otras personas físicas o morales.
Sheinbaum Pardo recordó que la empresa Ingemar ya había enfrentado sanciones administrativas en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se canceló su permiso para importar combustibles debido a irregularidades detectadas por las autoridades. Sin embargo, añadió que el Poder Judicial restituyó posteriormente esa autorización.
La presidenta también vinculó el caso con la apertura derivada de la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, etapa en la que se otorgó un amplio número de permisos para la importación privada de combustibles.
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Sheinbaum Pardo explicó que la administración anterior revisó esas autorizaciones y canceló aquellas que presentaban inconsistencias fiscales, aduaneras o regulatorias, como parte de la estrategia federal para combatir el “huachicol fiscal”.
GC
